El PP denunciará a la Generalitat por pagar con dinero público las multas del Tribunal de Cuentas
Ciudadanos llevará también a la justicia esta decisión y recuerda que el abono de las cuantías supondría que los catalanes pagaran dos veces el dinero destinado a las 'embajadas catalanas'
El presidente del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el décimo quinto Congreso del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). EFE/Kai Försterling
El intento del Govern de mitigar la elevada cuantía de 5,4 millones de euros podría abrir un nuevo frente judicial para la Generalitat. El Partido Popular ha anunciado que denunciará por «prevaricación y malversación» a la Generalitat. Pablo Casado espera que «una vez más sean inhabilitados por las graves irregularidades que están cometiendo».
«Pedimos máximo respeto al Tribunal de Cuentas, igual que a toda la Justicia y pedimos que no haya impunidad y que no haya complicidad por parte del Gobierno de España para borrar los graves delitos que se cometieron en el año 2017″, ha lamentado el líder de la formación conservadora.
Los populares han señalado la complicidad de Sánchez, recordando que tras el indulto a los nueve condenados por sedición, ahora también se pretende «que todos los españoles paguemos el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir y eso es absolutamente intolerable«.
«Lo que le decimos a Pedro Sánchez es que tiene que decir inmediatamente si va a permitir esto, que es una malversación de otra malversación que ya se hizo, y que además era una prevaricación, porque hay funcionarios y hay políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas«.
Ciudadanos cree que las multas se han pagado dos veces
Ciudadanos también ha asegurado que llevará ante los tribunales la decisión de sufragar con dinero público el Tribunal de Cuentas. Lo ha hecho desde el Parlament, poco antes de conocerse la decisión del Consell Executiu, al asegurar que llegarían a la justicia «si era necesario».
«Es inadmisible que el Govern haga pagar otra vez a los catalanes por los excesos de los partidos independentistas», ha lamentado el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco. El diputado ha defendido que los catalanes pagarán dos veces esta cuantía: la primera con el gasto en acción exterior, y la segunda al sufragar las multas.
También se ha pronunciado sobre esta cuestión el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. El líder de la formación ha lamentado por Twitter que «los miembros de la mafia separatista» acudan al «rescate de los condenados por malversación»: «De prosperar, incurrirán en el mismo delito y los sentaremos en el banquillo».
Los socialistas alertan del «riesgo de malversación»
Los socialistas han sido más cautos. Antes de conocerse el anuncio del Govern, la portavoz en el Parlament, Alicia Romero, ha exigido que se actúe dentro de la legalidad, y han recordado que una acción que pueda incurrir en un delito podría desembocar en «otro problema todavía más grande».
«Si actúa dentro de la legalidad, no tendremos ningún problema. Si no lo hace así, evidentemente actuaremos como creamos que lo tengamos que hacer», ha advertido Romero. La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ya advirtió del «riesgo de malversación» que podría cometerse si se sufragaba desde la Generalitat la cuantía.
Un fondo de 10 millones de euros
El Tribunal de Cuentas exige 5,4 millones de euros a 34 ex-altos cargos de la Generalitat por malversar dinero público en su red e mal llamadas embajadas catalanas. Entre los más perjudicados están los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras.
La Generalitat ha aprobado este martes en un Consell Executiu un decreto ley que deberá convalidar el Parlament con un fondo de 10 millones de euros para sufragar los gastos derivados de las multas recibidas. Será el Institut Català de Finances (ICF) quien asumirá la gestión hasta la creación de un organismo propio para esta finalidad.
¿Quién podrá solicitar estas ayudas? Aquellos trabajadores públicos “siempre que no exista una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas”. También, que no haya “resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas, que no esté cubierto por ninguna póliza y que la Generalitat “no haya iniciado acciones contra la persona afectada”.
