El PP lleva al Gobierno a los tribunales por las mascarillas ‘fake’
García Egea ha denunciado que la compra por parte del gobierno del material sanitario "ha sido un auténtico desastre"
Los frentes judiciales se le acentúan al Gobierno. El PP ha decidido plantar cara en los tribunales al Gobierno y ha anunciado que se presentará ante Fiscalía por haber «suministrado mascarillas defectuosas a los trabajadores sanitarios» poniendo en «peligro su salud» frente al coronavirus.
Así lo ha comunicado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha denunciado que la compra de material en la crisis sanitaria «ha sido un auténtico desastre». El dirigente popular ha puesto en valor la «decisión importante de su partido» para instar a la Fiscalía a investigar si «esta compra de material ha podido ser objeto de algún tipo de desviación”.
Egea ha señalado en una entrevista a la televisión autonómica de Murcia, recogida por Europa Press, que una vez haya pasado la crisis sanitaria «se debe investigar si la incompetencia del Gobierno ha puesto en peligro» a los «héroes que estaban en primera línea y han luchado a brazo partido por tratar de proteger a la población de esta crisis sanitaria».
Golpe del Tribunal Supremo
La justicia ya había dado un ‘toque’ a Salvador Illa por la gestión de su salud. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo obligó al Ministerio de Sanidad a adoptar «todas las medidas a su alcance» para dotar a todos los sanitarios de la protección necesaria para salvaguardar así su integridad física y su salud contra el coronavirus.
La medida se tomó de forma cautelar tras un intenso debate interno. La medida es distinta a la solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que quería que Tribunal Supremo obligara a Sanidad a dotar de forma inmediata a todo el personal con batas impermeables, mascarillas, gafas, calzas y el resto de materiales para la lucha contra el coronavirus.
La sala defendió que no se podía obligar a proveer todo el material en 24 horas como pedían los sindicatos, pero sí que debían tener medidas de control para “preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios». Además, el Tribunal Supremo impuso a Illa que le presentara un informe cada dos semanas de las medidas adoptadas.
