El PP vuelve a llevar al Congreso la reforma de un CGPJ bloqueado
Los populares piden que los vocales jueces sean elegidos directamente por sus pares
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. EFE/ Zipi
A pesar de los avisos que llegan desde Bruselas, el PP ha decidido endurecer su postura y lleva este martes de nuevo al pleno del Congreso la reforma del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) para que los vocales jueces sean elegidos directamente por sus pares. Sin esa ley aprobada, ha avisado, no negociará la renovación.
Si no hay sorpresas, la proposición de ley popular está abocada al fracaso, ya que el Gobierno y sus aliados siguen apostando por la elección parlamentaria de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Recuerdan el mensaje que reiteró la pasada semana el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, durante su última visita a España: «Recomendamos proceder a la renovación del CGPJ. Es una prioridad e, iniciar inmediatamente después de la renovación, un proceso con el fin de adaptar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos».
Es decir, primero renovar un órgano cuyo mandato caducó hace más de cuatro años y después abordar su reforma, una recomendación, que precisó Reynders, sería positivo atender antes del comienzo de la presidencia española de la UE en julio.
La reforma, condición previa para renovar el CGPJ
Sin embargo, fuentes populares han avanzado ya que no se fían de los socialistas y consideran la reforma condición previa para sentarse a renovar el CGPJ con los socialistas.
Su propuesta llega este martes por la tarde al pleno, una iniciativa con la que, explican, quieren blindan la independencia del poder judicial para mejorar la confianza de los ciudadanos en la justicia y la calidad de la democracia.
Además de plantear un nuevo sistema para elegir a los vocales de procedencia judicial, para que los designen los propios jueces, elevan los requisitos para poder ser nombrado magistrado del Supremo o de un tribunal superior de justicia, refuerzan las mayorías exigidas para los nombramientos discrecionales y buscan limitar las puertas giratorias entre la política y la justicia.
Propone para ello, por ejemplo, que cuando un juez se presente como candidato en unas elecciones o sea elegido para un cargo público se declare su excedencia voluntaria, y que no pueda regresar al servicio activo hasta dos años después del cese.
