Portazo unánime del Supremo al indulto de los presos del ‘procés’
La Sala de lo Penal ha emitido un informe en el que rechaza conceder los indultos a los presos, una decisión que está ya en manos del Gobierno
El Tribunal Supremo ha rechazado conceder el indulto a los doce líderes independentistas. La Sala Segunda de lo Penal ha emitido su informe – que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo- en el que rechaza conceder la medida de gracia, una decisión que está ya en manos del Gobierno, que tiene previsto resolver en verano tras estudiar los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos.
La Sala que sentenció a los independentistas, presidida por el titular de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, ha dictaminado que los condenados no han contribuido a justificar las «razones de justicia, equidad o utilidad pública» que legitimarían la medida de gracia y que no puede hacer constar en su informe «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento».
Los magistrados, en su informe, se oponen a cualquier tipo de indulto «total o parcial» y plasman que los indultos desenfocarían el sentido de la propia medida porque dibujan una responsabilidad penal cometida y además pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Supremo.
El tribunal subraya que una sociedad pluralista inspirada en valores democráticos puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo estado que solo existe en la imaginación de sus promotores.
No hay prueba de arrepentimiento
El tribunal que condenó a los doce acusados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia considera que las penas impuestas (de hasta trece años de prisión) no son desproporcionadas de acuerdo con los hechos cometidos y subraya además que no hay prueba alguna de arrepentimiento por parte de ellos.
Cabe recordar que este mismo martes, la diputada de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró que «sí, lo volveríamos a hacer», hablando también por sus compañeros encarcelados.
La Sala hace hincapié en que las razones esgrimidas pierden cualquier justificación “cuando se presenta como presos políticos» a quienes han sido autores de una movilización «encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos».
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, señaló esta mañana que «un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar».
Los expertos consultados por Economía Digital aseguran que la prerrogativa de gracia le corresponde al Gobierno a través del Ministro de Justicia siguiendo los trámites que le corresponde a la ley, pidiendo los informes preceptivos, aunque puede no hacerles caso. Eso sí, recalcan que «el Ejecutivo tendrá que justificar las causas de equidad, justicia y utilidad pública».
«El único límite es que tienen que ser indultos individuales y el Ejecutivo tiene que expresar las causas que conducen a la decisión en el Decreto Ley y que guarde una conexión de sentido. Aquí reside la dificultad del Gobierno porque tendrá que justificar estos indultos con los informes de Fiscalía y el Supremo en contra», apuntan.