El hombre de confianza de los Tous (y otros linajes) evaporó 85 millones

La Policía Nacional ha investigado la trama de sociedades del financiero catalán JC, procesado por presunta estafa, sin que ello haya servido para localizar el grueso de los 85 millones de euros que captó de centenares de inversores a través de la agencia Info-Cobro. Estas sociedades supuestamente sirvieron para desviar parte del dinero, según sospechan los investigadores policiales.

JC pasaba por ser un financiero de éxito hasta que, en 2011, Info-Cobro se acogió a un concurso de acreedores y, un año después, entró en liquidación. También presidió hasta ese momento la fábrica de motocicletas Ossa.

Según la documentación que entregó entonces al juzgado mercantil de Girona, entre los acreedores que le confiaron inversiones estaba Alba Tous, presidenta del grupo de joyería y complementos Tous; Manuel Jané, primer accionista del fabricante de carritos Jané, o Albert Perrin, exvicepresidente del Barça. Pese a que se contabilizaron más de 300 afectados, tan sólo unos 60 (sin ningún nombre de relumbrón) han presentado querellas contra JC.

El financiero bien relacionado

El financiero gerundense también hizo operaciones inmobiliarias con el exconsejero Felip Puig y con su hermano Oriol, actual director del Servicio Meteorológico de la Generalitat, al que prestó cerca de 900.000 euros. Este último canceló la deuda en fechas próximas a la presentación del concurso de acreedores. Por su parte, el exconsejero Puig reconoció públicamente que, en 2009, hizo una operación inmobiliaria con JC por un importe de 110.000 euros.

Según un informe del grupo de blanqueo de capitales y delincuencia económica de la Policía Nacional, JC supuestamente se valió de un “entramado societario” para desviar una parte del dinero que captaba a través de Info-Cobro. Los investigadores han analizado nueve sociedades al frente de las cuales está o estuvo el mismo JC, su esposa, sus cuñados y posibles testaferros. Dos de ellas —Alepol e Inmokadi— pasaron de registrar perdidas a elevados beneficios después de la liquidación de Info-Cobro y del alud de pleitos que recibió JC.

Todas las sociedades operaban con un gran número de cuentas bancarias en distintas entidades, especialmente en el periodo entre 2009 y 2012, que después se redujeron a tan sólo un par. Los investigadores policiales describen el operativo bancario de JC como un “carrusel de cuentas”. Se registran multitud de operaciones, si bien los investigadores no calculan los totales.

A nombre de estas sociedades figuran nueve inmuebles con un valor catastral de cerca de medio millón de euros. También son o fueron titulares de decenas de vehículos, muchos de gama alta como diversos Mercedes y un Porshe Panamera. Alepol tenía cuatro vehículos –dos Audi Sportback, un Range Rover y un Skoda- valorados en 177.000 euros. Servicios Desinab tuvo, entre 2009 y 2011, 11 vehículos; Inmokadi, otros ocho, e incluso a nombre de la financiera Info-Cobro figuraron cinco quads.

El juez desatiende las peticiones de la acusación

Una de las acusaciones solicitó que se citaran a declarar siete administradores de las nueve sociedades –al margen de Info-Cobro- supuestamente controladas por JC, entre los que figuran su esposa y familiares de ésta. También reclamó que las sociedades figuren como responsables civiles subsidiarias en el proceso penal que se instruye en un juzgado de la Bisbal d’Empordà (Girona).

No obstante, el actual juez instructor, Adrián Márquez, descarta la práctica de estas diligencias por motivos técnicos. Aunque constata que el informe policial pone de relieve “una especie de entramado destinado a eludir la acción de los investigadores para averiguar el destino del dinero supuestamente defraudado”, considera improbable que seis años después de la presentación de la querella se encuentren estos importes en otras cuentas a las que pueda acceder la Agencia Tributaria. La acusación presentó en marzo pasado un recurso contra esta decisión ante el mismo juzgado.

Diligencias sobre Oriol Puig y los dueños de Petromiralles

En este recurso, también se solicitan nuevas diligencias sobre Josep Maria Torrens, exalcalde convergente de Santa Maria de Miralles (Barcelona) y presidente del grupo Petromiralles, así como sobre Oriol Puig, alto cargo de la Generalitat. Los dos han declarado en esta causa como testigos.

La acusación insiste en que se analicen las operaciones de cesión de créditos de Petromiralles en favor de Info-Cobro. La financiera de JC se quedó créditos de tres participadas de Petromiralles por importe de siete millones de euros cuando se encontraban en situación preconcursal. Los abogados de la acusación quieren saber por qué JC asumió créditos incobrables precisamente cuando su financiara también se dirigía hacia el concurso de acreedores. Sin embargo, en su declaración al juzgado, Torrens declaró ser una víctima de Info-Cobro.

La Audiencia Nacional manda a juicio a los dueños de Petromiralles

El febrero pasado, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco propuso juzgar a los dueños de Petromiralles, los hermanos Josep Maria y Pere Torrens, por liderar supuestamente una trama de fraude en el IVA de hidrocarburos que dejó de ingresar 147 millones a las arcas públicas entre el 2011 y el 2013. La familia Torrens anda metida en diversos embrollos judiciales.

La acusación también pide que la UDEF analice la documentación que aportó Oriol Puig al juzgado sobre las operaciones crediticias que realizó con Info-Cobro. En febrero pasado, el juez instructor lo desestimó, pero también se ha recurrido esta decisión. Otros juzgados ya se han pronunciado sobre el caso Info-Cobro. En 2015, el juzgado mercantil número uno de Girona condenó a JC a pagar 68 millones de euros. Lo consideró culpable del concurso de acreedores. Inicialmente, los administradores concursales habían situado el ajuero de su financiera en 85 millones de euros.