¿Podría ser condenado Mas a 15 años de prisión?

Los jueces se han sumado al debate político sobre la consulta soberanista del 9 de noviembre. La Asociación de jueves Francisco de Vitoria (FV), que se considera moderada, al lado de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en el sector y de carácter conservador, asegura que el President Artur Mas podría cometer varios delitos si decide seguir adelante y convocar la consulta.

Entre ellos, señala los delitos de prevaricación, desobediencia e, incluso, de sedición. Y podrían comportar penas de inhabilitación y de hasta 15 años de cárcel.

Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, asegura que los Mossos d’Esquadra dependen de la Generalitat, aunque el el Gobieno central podría asumir el control. Y, por tanto, su algún Mosso no cumpliera la legalidad, se considera que podría incurrir en responsabilidad penal.

Acusación popular

Esa es la opinión de una asociación de los jueces. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy considera que Mas no llegara tan lejos. Y que el President no cometerá nada ilegal. Pero, si se decidiera desde la Generalitat realizar la consulta, según Sexmero, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado podrían personarse como acusación popular.

El delito de sedición aparece tipificado en el artículo 544 para penalizar a quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Acusaciones que se retroalimentan

Y las penas para ese delito oscilan entre los ocho y los diez años para los inductores o los principales autores, mientras que las autoridades podrían recibir una pena de 10 a 15 años.

Sin embargo, una parte del movimiento soberanista juega a esa posibilidad, para seguir apostando por la independencia de Cataluña al margen de los poderes del Estado. En ese caso, las dos posiciones se retroalimentan, la advertencia continua de la legalidad, con la posibilidad de la prisión, y la apuesta soberanista sólo amparada por la fuerza popular en la calle.