Podemos reitera a Ábalos que van a ser «muy cabezones» negociando la Ley de Vivienda

PSOE y Unidas Podemos mantienen «profundas discrepancias» en la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda que quiere aprobar el Ejecutivo. Así se lo ha explicado este viernes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a los suyos en la reunión ejecutiva del partido. Los equipos de Iglesias y Ábalos llevan semanas negociando esta norma y los morados advierten que van a presionar para introducir sus propuestas en esa ley.

Por dos veces, el vicepresidente del Gobierno ha advertido a su socio y, parece que rival en esta negociación, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que van a ser «muy cabezones». Iglesias insiste en que hay intereses y, concretamente, «lobbies inmobiliarios» dentro del Consejo de Ministros para evitar que las medidas que proponen los morados salgan adelante.

En primer lugar, Podemos quiere blindar dentro de esta ley la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable. De manera que al término del estado de alarma, éstos permanezcan inalterables. «Con su inclusión en esta ley se evitaría que se produjeran situaciones de desprotección de las familias más vulnerables, como ocurrió los meses de noviembre y diciembre«, señalan desde la formación de Iglesias.

El compromiso, recogido en el acuerdo de coalición, es el de acabar con los precios abusivos del alquiler a través de la declaración de las denominadas zonas «tensionadas», aquellas cuyo precio medio del alquiler sea desorbitado y se sitúe fuera de criterios razonables de mercado. Los socialistas explican que respecto a esta norma ya se dio un gran paso con la elaboración del índice de precios de los alquileres que el propio Ábalos presentó en junio.

En el acuerdo, ambas formaciones se comprometen a impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado». El objetivo de los índices de referencia, prosigue el texto, es que «los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler».

Es aquí donde residiría uno de los choques entre PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas habilitarán esta herramienta para que ayuntamientos y/o comunidades puedan regular las subidas, sin embargo Podemos busca obligar a esos consistorios a hacerlo tras el grito en el cielo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante este punto. La popular anunció que no intervendrá en el mercado e Iglesias busca poner este aspecto de manera que sea obligatorio proceder por parte de las administraciones.

Calmar al sector inmobiliario

Ambos ministros que se encuentran elaborando sus propios borradores sobre esta ley, para más tarde ponerlos en común, también se han venido reuniendo en los últimos meses con el sector inmobiliario, los primeros afectados.

Así, mientras Iglesias y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se reunieron ya en octubre con representantes de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Cataluña; Ábalos hizo lo propio con la junta de la Confederación Nacional de Agentes y Empresas inmobiliarias (CNAEI).

Fuentes socialistas conocedoras apuntan a que por la parte del PSOE se ha tenido que «calmar» en algunos aspectos, tanto a los inquilinos, como los propietarios, asegurando, por parte del Gobierno, que no se les va a penalizar ni dejar sin acceso a la vivienda. Insisten en que, muchas veces, «las formas» de Podemos «asustan al sector» que pregunta también sobre la regulación del precio del alquiler. Los socialistas intentan calmar al sector asegurando «la seguridad jurídica» ante el obligatorio control de precios.

Economía Digital ya recogió en su momento las críticas de patronal que representa a propietarios particulares y a grandes tenedores de pisos, Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), quienes señalaron que la normativa catalana ya tuvo sus primeros efectos negativos en los precios.

Según los datos que publicó el portal Idealista, se produjo un repunte en el mes de septiembre del 1%, cuando la tendencia en el último año era de descenso continuado. Los expertos advierten que la primera consecuencia de este tipo de medidas supondrá el descenso de la oferta de vivienda en alquiler, con la consecuente subida de precios. Además de que podría poner freno a la llegada de capital internacional y producirse un incremento de la economía sumergida.

El Gobierno de coalición se enreda en otro pulso cocinado estos meses a fuego lento en la Vicepresidencia segunda y en el Ministerio de Transportes. Los morados siguen advirtiendo que plantarán cara y la negociación se espera larga.