Podemos recula en su ataque a los jueces tras toparse con una judicatura en bloque en contra

La crisis generada tras las rebajas de las penas a condenados por delitos sexuales en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como de ‘sólo sí es sí’ en el espacio de Unidas Podemos ha abierto tres brechas: dos son las ya conocidas, entre Podemos y Yolanda Díaz, que es ahora más profunda que nunca, y entre los socios de coalición de Gobierno, pero otra, quizás más importante, es la abierta entre Podemos y la judicatura.

Esta, a priori menos política pero mucho más relevante a nivel estatal, es la que les ha obligado a dar un golpe de timón y cambiar toda su estrategia. Los nervios en Podemos son patentes: ya no sólo a nivel orgánico, sino de grupo parlamentario.

Fuentes de la dirección del Ministerio de Igualdad reconocen en conversación con Economía Digital que los mensajes que han venido lanzando en los últimos días, aunque poco a poco matizados, han sido un error. Y que eso ha llevado a que juristas, fiscales, jueces y demás profesionales de la Justicia que pudieran estar de acuerdo a priori con ellos ahora estén enfrente.

La judicatura, al completo

De hecho, tres de las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) han exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyas críticas a la judicatura han sido cuestionadas con diferentes grados de intensidad por todo el arco parlamentario, socios de Gobierno e incluso algún compañero de partido.

La cuarta, aunque no pide a Montero que dé un paso atrás pero hace críticas fuertes a sus palabras, es la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. La magistrada Victoria Rosell, actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, fue su presidenta.

De hecho, la propia Rosell es la jurista de referencia de Podemos junto al magistrado en excedencia y actual vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Yllanes, quien tampoco sacó la cara por su partido y aseguró que lo que está pasando «no es cuestión de jueces machistas, sino de jueces profesionales aplicando la ley».

«Nadie lo vio venir»

Fuentes de Podemos lamentan, en charla con este periódico, que «cuando atacas a un juez lo que se plasma es que atacas a todos». «Nosotros no decimos que los jueces sean machistas, sino que hay una perspectiva de género que no se cumple, que es algo que reconoce la ONU», recuerdan. «Pero lo que no es cierto es la idea de que hayamos fallado con la arquitectura de esta ley: nadie lo vio venir y no se habría solucionado con una disposición transitoria adicional, porque eso es para el mismo delito y con la ley del ‘sólo sí es sí’ se han roto el de abuso y el de agresión y se ha creado otro nuevo».

Las mismas voces consultas admiten el problema «de comunicación». «Cuando se atacaba a los jueces, nos referíamos a que se está usando la ley y aplicándola de manera incorrecta», arrancan, pero conceden que «no hace falta ser tan bruscas ni abruptas». De hecho, su nuevo plan de ruta pasa por ahí, porque creen que así «sí se empieza a entender».

Jurisprudencia de aquí a 15 días

Pero Igualdad no recula de cara a la galería a pesar de que haya bajado el tono. Para la cartera de Irene Montero, las rebajas penales son «errores» que no están amparados por la nueva ley. Es la misma idea que defendieron este viernes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la propia Victoria Rosell, que adujo que «ha habido lo que nosotros consideramos errores judiciales claros en una aplicación rápida, sin calma, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley».

Es ese el motivo por el que el ministerio insiste en que la legislación no necesita ninguna modificación, y reclama esperar a que el Poder Judicial unifique criterios en estas semanas, en la misma línea en la que se pronunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de la dirección de Podemos ya ponen fecha: de aquí a menos de quince días se sentará jurisprudencia, al menos por parte de la Fiscalía. Después irá el Tribunal Supremo.