Podemos presiona al PSOE para llevar «más allá» la Ley de Vivienda

Unidas Podemos reabre la pugna con el PSOE por la Ley de Vivienda y advierte que quiere llevarla «más allá» en el Congreso de los Diputados. La norma sigue en fase de negociación en el seno del Gobierno pero los morados ya se han anticipado asegurando que todo lo que rechacen los socialistas lo registrarán como enmienda para que se incluya en su debate en la Cámara Baja.

Unidas Podemos lo vuelve a hacer, como así advirtió con algunas leyes anteriores en las que no estaba de acuerdo con sus socios de Gobierno. Según ha podido saber Economía Digital, la intención de unos y otros es aprobar la norma en Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre para que pueda darse traslado para su debate y aprobación en el Congreso.

Será ahí donde los morados ya cogen fuerzas y se apoyan en los socios de investidura para forzar a los socialistas a apoyar los puntos más conflictivos que se hubieran quedado fuera en su aprobación en Consejo de Ministros. En el PSOE no quieren escuchar la palabra «nuevo enfrentamiento» y aseguran que siguen negociando la norma en el seno del Ejecutivo.

La ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, restó este viernes importancia a este aviso y defendió que buscarán el mayor consenso posible. «No entendemos eso como una amenaza, sino como una voluntad compartida», señaló la ministra.

Pero lo cierto es que la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, no se lo ha puesto nada fácil realizando estas declaraciones en público: el anteproyecto de ley se puede llevar «más allá» durante la tramitación parlamentaria «mejorar» el texto. Un claro aviso de que la disputa con los socialistas se reanudará en los próximos meses.

«Yo creo que se puede ir más allá y precisamente la tramitación parlamentaria tiene que servir para mejorar la Ley de Vivienda, y llegar a donde no hemos sido capaces de llegar en el Gobierno», insistió la dirigente morada. Desde Unidas Podemos ya aseveran que registrarán enmiendas a la norma que pactaron con los socialistas para intentar introducir algunos de los planteamientos a los que renunciaron hace unos meses.

Belarra ya ha realizado un llamamiento al resto de socios de investidura para que apoyen a los morados en detrimento de los socialistas en la Cámara Baja. Una ofensiva en toda regla. «Esta ministra está disponible para negociar y hablar todo lo posible«, dijo Belarra mirando ya a ERC, Bildu y Más País, quienes fueron los primeros en pedir a los socialistas ser más ambiciosos y tachar la norma de «insuficiente».

Un ensayo el próximo martes

Por lo pronto, los socialistas vivirán un ensayo a modo de aviso sobre cómo será la posible discusión en el Congreso, ya que este martes el Pleno del Congreso debatirá la ley impulsada por los sindicatos y los colectivos de vivienda, que fue registrada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias.

La iniciativa, que incluye la regulación de precios del alquiler, fue presentada en el Congreso el pasado mes de septiembre por los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones, cuando PSOE y Unidas Podemos aún negociaban la nueva Ley de Vivienda y la regulación de precios del alquiler.

Una vez aceptó el PSOE la intervención de precios, el Gobierno aprobó a finales de octubre en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que, previsiblemente, se aprobará el próximo día 21 para que llegue enseguida a las Cortes Generales.

La propuesta de los movimientos sociales contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero también en la regulación hipotecaria, judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.

Respecto al alquiler, la reforma planteada por los sindicatos y los colectivos de vivienda habilita a declarar zonas tensionadas a partir de una serie de circunstancias, como que la renta media supere el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

Esta declaración de zona tensionada podrá ser de hasta cinco años, se podrá prorrogar año a año, y habilitará a los ayuntamientos a aplicar las medidas que consideren para determinar, a partir del índice de precios, rentas máximas en los alquileres.

También se regula en la ley la información que deben recoger los contratos de alquiler, y los gastos que deben asumir las partes. Asimismo, habilita políticas de control del alquiler turístico y crea un registro de contratos para poder ser utilizado por organismos públicos para la consecución efectiva de los fines de la ley y con fines estadísticos

Otra medida, esta dirigida a aumentar la oferta de vivienda, pasa por habilitar a los ayuntamientos a aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías de los grandes tenedores. Y también se anula el régimen fiscal especial de las Socimis, que pasarían a tributar en el régimen general.

Por otro lado, la ley establece la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y también trata de garantizar los suministros básicos, aplicando el principio de precaución en caso de impago, y con una tarifa social de agua, gas y electricidad, a financiar por empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras.

También regula la dación en pago, modifica la Ley Concursal para mejorar el derecho a una segunda oportunidad, limita la responsabilidad al bien hipotecado, e impide el embargo de la única vivienda de las terceras personas que avalen un préstamo.