Podemos presiona a Juan Carlos Campo para ganar poder entre los jueces

Podemos redobla la ofensiva para aislar al PP de la reforma del CGPJ y así ganar cuota en la elección de los magistrados

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp

Unidas Podemos presiona al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para acelerar la reforma del Código Penal y con ella el delito de sedición y, además, exige descongelar la propuesta del Ejecutivo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el apoyo del PP.

La estrategia de Podemos pasa por no descuidar su cuota de poder dentro del Gobierno de coalición y estas premisas son indispensables para que Pablo Iglesias y sus socios aumenten puestos dentro del Ejecutivo en 2021. 

Iglesias ya ha pasado de fase dando por hecha la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero son el siguiente reto a superar para determinar el equilibrio de poder, también dentro del Gobierno central. En el entorno del vicepresidente segundo miran a largo plazo y comienzan a mover ficha. 

Aislar al PP 

Los morados están presionando al PSOE para descongelar la reforma planteada por el Gobierno de coalición, que elimina en segunda vuelta la mayoría de 3/5 para renovar a los miembros del CGPJ. Podemos quiere, en suma, alejar cuanto antes el pacto PSOE-PP para renovar los principales órganos judiciales. 

El líder del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el pleno del Congreso que este jueves debate y vota la prórroga del estado de alarma durante seis meses.

Por el contrario, la condición irrenunciable de los populares para pactar el CGPJ con el PSOE es dejar fuera a los de Iglesias del reparto de los magistrados.

La ministra portavoz aseguró este martes que el pacto con los populares «está cerrado desde hace tiempo», pero «llega la hora de fijar fecha y se desdicen, habrá que preguntarle a ellos». 

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, negó rotundamente que haya ningún acuerdo con los socialistas y descarta que el acuerdo llegue en diciembre.

Fuentes socialistas esgrimen que «el problema de los populares es un tema de fecha». Suponen que con la proximidad de las elecciones catalanas, «no quieren pactar nada con el Gobierno». 

«Esto no puede esperar», argumentan las mismas fuentes. Precisamente, la fecha que Campo fijó al PP para anunciar el acuerdo, según el PSOE, es el próximo viernes, cuando se cumplen dos años con los órganos judiciales bloqueados. 

A Podemos le viene muy bien que los populares no se lancen a concretar ni a pactar nada. Son conscientes de que el veto de Casado les afectaría y, de ahí, que quiera aislarlos y excluirlos mediante la aprobación de la reforma que, tanto PSOE como Podemos, registraron hace ya un mes en sede parlamentaria. 

De esta manera, Iglesias tendría, incluso, más cuota en la elección de los magistrados y se vería reforzado dentro del Gobierno. Sin embargo, la reforma está bajo la lupa de Bruselas, que ya sugirió que la retirase.

Los socialistas se dan más días de plazo hasta activar esta vía. Son conscientes de que en la UE no ha gustado su propuesta y, precisamente, el Gobierno se encuentra inmerso en demostrar que sus planes de reconstrucción son viables para recibir los 140.000 millones de los fondos europeos. 

Por lo tanto, Podemos comienza a mover ficha, pero se trata de carreras de fondo que los morados tendrán que corren sin descuidarse para que no se tuerzan sus planes y acaparar más poder real dentro del Ejecutivo de coalición. 

Prisas con los presos

Por otra parte, el líder de Podemos ha sido el primero en pedir esta semana la libertad «cuanto antes» de los políticos presos catalanes en otra presión dirigida al ministro Campo.

Este martes y con motivo del pleno para aprobar las enmiendas a los Presupuestos, los morados subieron su apuesta presionando directamente a su compañero, el ministro de Justicia. 

Así, el presidente del Grupo Confederal en el Congreso, Jaume Asens, aseguró que «para crear un clima positivo en las próximas elecciones catalanas, los líderes en prisión deben estar en libertad y haciendo campaña si ellos quieren, no desde la prisión o con los permisos penitenciarios de los que gozarían, sino en libertad ya sea mediante la reforma judicial o por la concesión del indulto». 

¿Un win-win de Podemos y ERC?

Es aquí donde las versiones de Podemos difieren, según la corriente. Desde En Comú Podem esto podría servir para anotarse un tanto y contrarrestar a ERC en las encuestas, de cara a la batalla electoral.

Sin embargo, otras fuentes de la formación van más allá vinculando esta petición con «cubrir el expediente de Podemos con ERC» de cara a los Presupuestos. 

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, en el Congreso el 6 de mayo de 2020. Foto Efe/JJG/Pool/Archivo

El entorno de Iglesias mantiene una «comunicación fluida», aseguran, con los republicanos y en el Congreso se advierte que son ‘uña y carne’ en cuanto al trato.

Niegan que la salida de los presos sea una contrapartida de los republicanos a las cuentas. Sin embargo, algunos lo ven como un ‘win-win’ de Podemos y ERC.

De esta manera, los republicanos ganarían enteros en Cataluña e Iglesias un socio fiable que llevarse para influir en el Parlament y también en La Moncloa a lo largo de la legislatura.

De hecho, los republicanos junto a EH Bildu han sido el mecanismo utilizado por Iglesias, mediante el registro de una enmienda a las cuentas, para que el Ejecutivo apruebe próximamente un decreto ley que impida desahuciar a las personas más vulnerables. 

Podemos quiere que Campo cumpla el calendario 

Diputados de Podemos insisten en las palabras de Campo, quien aseguró que el «calendario normativo establece» la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal «antes de fin de año». Los morados se muestran convencidos a que la reforma «llegaría a tiempo», antes de febrero, o, en su defecto vía indulto. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esquivó hablar de indultos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros explicando que «el Gobierno no habla de ello hasta que no tiene encima de la mesa el indulto para estudiarlo». 

Asens afirma que es «preocupante el tiempo que está tardando el Supremo en evaluar su informe. Queremos pensar que no es una demora intencionada de la Sala Segunda del Supremo. Nos consta que los informes de los centros penitenciarios se hicieron en pocos días y el Supremo lleva más de un mes para un informe que no debería costarle más de una tarde», criticó. 

 

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp