Podemos pide cárcel para directivos de eléctricas y financieras que repercutan impuestos a los clientes
El partido pide modificar el Código Penal a través de una propuesta legislativa para incluir el delito de "repercusión artificial de los precios en modificaciones impositivas"
Unidas Podemos ha enviado al PSOE su propuesta para castigar con penas de cárcel de hasta diez años a los administradores de empresas eléctricas o de entidades financieras que repercutan en los clientes los nuevos impuestos extraordinarios que gravarán sus beneficios. Se trata de una propuesta legislativa para incluir un nuevo artículo 284bis en el Código Penal y una modificación del 288 con el fin de contemplar penas de prisión y multas de doce a veinticuatro meses para los administradores de hecho o de derecho de entidades que presten servicios o suministros considerados de primera necesidad y que con motivo de modificaciones fiscales «alteren los precios de venta al público».
La formación morada quiere impedir que los nuevos gravámenes que está elaborando el Gobierno y que serán «excepcionales y temporales» para las entidades financieras y para las grandes energéticas sean trasladados a los consumidores y usuarios. En la propuesta enviada este jueves al PSOE se detalla que cuando la entidad opere en un sector estratégico para la economía nacional y la conducta afecte «gravemente al interés general», la pena a imponer será de dos a diez años de prisión y la multa de dos a cinco años.
«Pensamos que esta práctica atenta contra el interés general, y hay que incluir este nuevo delito de repercusión artificial de los precios en modificaciones impositivas«, ha recalcado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que confía en que la propuesta sea aceptada por los ministerios afectados. Las multas a los administradores afectados varían según los beneficios obtenidos en las empresas y las penas de prisión aplicadas.
Unidas Podemos rechaza el recorte del 15% del consumo de gas
Echenique ha recordado que la respuesta a la crisis económica debe venir de las grandes corporaciones y ha coincidido con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha señalado hoy que el Gobierno no aprobará una ley que «obligue a bajar el termostato» sino que hará «recomendaciones» para ahorrar energía.
El socio de coalición de Gobierno respalda la posición de Ribera de rechazar la propuesta de la Comisión Europea para que todos los países de la UE reduzcan voluntariamente un 15 % su consumo de gas y considera que España «tiene suministro de gas garantizado y diversificado y tiene plantas suficientes».
«Es la posición correcta. España ha hecho sus deberes (…) Estamos de acuerdo con la posición de Ribera para que España no haga recortes de suministros porque no es necesario. Otros países sí porque están en condiciones muy diferentes», ha incidido el portavoz parlamentario de la formación morada.