Podemos exige a Sánchez renegociar con Bruselas la reforma de las pensiones
Desde Podemos han solicitado una reunión con el presidente para aclarar “el lío” de Escrivá tras retirar sus enmiendas en el Congreso
Yolanda Díaz. Foto: EFE
Unidas Podemos exigirá la próxima semana a Pedro Sánchez renegociar con Bruselas la reforma de las pensiones. La exigencia de Bruselas de aumentar el número de años necesarios para el cómputo de la pensión, superior a los 15 años actuales, ha desatado verdadero malestar entre los morados hasta el punto, según ha podido saber Economía Digital, de pedir una reunión a Pedro Sánchez.
Se trata de una reforma que desde el Gobierno habían negado de manera tajante. Ahora Unidas Podemos exige explicaciones a Pedro Sánchez y también pedirá renegociar con Bruselas este apartado sobre la reforma de las pensiones. Algo impensable e imposible porque la fase de negociación ya quedó atrás con las instituciones europeas y en estos momentos estaríamos en la de cumplir las condiciones pactadas.
Pero, por intentarlo, los morados siguen asustando a los socialistas con tensionar la coalición y volver al modo electoral aireando su incomodidad ante una reforma que, según piensan, restará poder adquisitivo a los pensionistas y no la pueden apoyar.
Se trata de otro ‘sapo’ como el voto a favor del magistrado Enrique Arnaldo, a propuesta del PP, para el Tribunal Constitucional. Fuentes de la formación morada se escudan en que los socialistas no les avisaron a la hora de negociar todos los aspectos sobre la reforma de las pensiones y no comparten lo apoyado por Sánchez ante la presidenta de la Comisión, Úrsula Von Der Leyen.
En Podemos también señalan a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, como los ‘malos’ de la película que se han doblegado ante Bruselas, como si tuvieran alguna opción a cambio de recibir los fondos europeos.
Calviño ya aseguró que «no es Bruselas quien pide nada, sino el Pacto de Toledo». Pero lo cierto es que este acuerdo tan solo advierte de que las pensiones deberán revalorizarse al IPC y el sistema deberá ser sostenible, equitativo y justo.
Precisamente, Calviño y Escrivá han defendido esta semana que una propuesta así «no necesariamente conlleva una bajada» de la prestación. Sin embargo, Podemos y los sindicatos mantienen el ‘hacha de guerra’ levantada advirtiendo que en el marco del diálogo social no van a permitir la medida, ya que conlleva recortes.
Los morados recuerdan que «quien introdujo la ampliación del cómputo de años fue Escrivá» e insisten en que borró esta propuesta el pasado enero tras otra terna entre los socios en la que Pedro Sánchez tuvo que tomar cartas en el asunto. La propuesta regresa de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por orden del comisario de Asuntos Económicos europeo, Paolo Gentiloni.
Podemos «no va a aceptar» la ampliación a 35 años
Los morados se lo han dejado claro este viernes a los socialistas: «Podemos no va a aceptar la ampliación a 35 años del cómputo de las pensiones». El responsable del área económica de Podemos, Nacho Álvarez, afirma que la medida «no está en el Acuerdo de Coalición» y la secretaria general de la formación, Ione Belarra, añade que es «falso» que Europa lo exija.
«No es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar«, advierte el gurú económico.
Lo que resulta indudable, por lo tanto, es que este cruce de declaraciones no hace más que añadir incertidumbres precisamente en el momento en el que el Gobierno está pidiendo fondos a Bruselas. Este viernes, el Ministerio de Hacienda comunicó que España «ha remitido la solicitud del primer desembolso que asciende a 10.000 millones de euros» y «se convierte en el primer país en solicitar el primer desembolso» del Plan de Recuperación, celebrando así la gran celeridad del Gobierno para pedir los fondos.
Los socios de Gobierno se sitúan con Podemos
Los socios de Gobierno se sitúan con Podemos y si la reforma tuviera que votarse mañana mismo en el Congreso, Sánchez se quedaría completamente solo y sin poder sacar la medida adelante.
En ERC solicitan que estos planteamientos sea debatidos en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, o si acaso en la de Trabajo, en donde un proyecto de ley sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones espera la ponencia que modifique su contenido, señalan.
Asimismo, los republicanos denuncian los recortes a los pensionistas del futuro que suponen las medidas que se han ido conociendo estos días.
El PNV tampoco da su brazo a torcer. La formación tampoco ha recibido con agrado los «globos sonda» de Escrivá, a quien piden que cese en ese empeño por avanzar en el espacio mediático cuestiones que han de discutirse en el espacio parlamentario y la Comisión del Pacto de Toledo irrumpe de nuevo como el territorio en el que debatir propuestas fundamentales.
Bildu respalda a Podemos y sentencia que «en la propuesta era un cheque en blanco que pretende el Gobierno que le demos. No vamos por ese sentido», dijo el diputado Iñaki Ruiz de Pinedo, que recalcó que no debe haber «recortes» en el poder adquisitivo de los pensionistas. Subir un 2,8% las pensiones en vez del reconocer el IPC real, un 5,8%, es justo eso, un recorte, en opinión del parlamentario vasco.
Un discurso similar sostienen en el partido de Iñigo Errejón. En Más País consideran que aumentar el periodo de cálculo de la pensión es priorizar los primeros años laborales, los más precarios, y eso derivaría en empobrecimiento de los futuros pensionistas.
Además, recuerdan que Errejón ya le preguntó a Sánchez, en el debate sobre la última Cumbre europea en el Congreso, si había alguna clase de contrapartida exigida por la UE por el reparto de los fondos: «Se enfadó mucho el presidente, pero luego trascendió lo que pide Europa», zanjan.
Los socios de Gobierno critican que el Gobierno de coalición haya firmado «cosas» con Bruselas y el presidente siga sin «venir a explicarlo en sede parlamentaria», esgrimen en relación al documento denominado Operational Agreement, firmado por el Gobierno y la Comisión Europea hace una semana, donde figuran los hitos que hay que alcanzar para cumplir con las reformas e inversiones comprometidas a cambio de los 70.000 millones de euros de subvenciones para la economía española.
Uno de ellos es alargar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, donde la UE exige que el anteproyecto de ley esté aprobado antes del 30 de junio de 2022 y la norma en vigor antes de final de ese año «la legislación para el ajuste del período de cómputo ampliándolo para el cálculo de la pensión de jubilación», según indica el documento del Ejecutivo y la Comisión. Algo que en el PP traducen como «ocultar el recorte de las pensiones a los españoles».
El PP pide la comparecencia urgente de Escrivá
La oposición tampoco ve con buenos ojos la medida y esta semana solicitaron la comparecencia urgente de Escrivá en el Congreso. La portavoz del grupo, Cuca Gamarra, aseguró que a la posibilidad de que aumente el periodo de cálculo de la pensión se une la de que suban las cotizaciones un 0,5 o un 0,6% a partir de 2023.
Los populares sospechan que se trata del mecanismo de equidad intergeneracional con el que el Gobierno busca equilibrar las cuentas de la Seguridad Social a medio y largo plazo. Un asunto en lo que Bruselas está poniendo la lupa sobre España.
Y apremiante para los grupos parlamentarios que aguardan la constitución de la ponencia de la Comisión de Trabajo que, a su vez, analice y modifique el proyecto de ley enfocado justo a asentar dicho mecanismo. Será el que reemplace el factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y ya derogado.
La vicesecretaria económica del PP, Elvira Rodríguez, añade que «el acuerdo operativo de los fondos europeos demanda evaluaciones ex ante del impacto fiscal y de eficacia de la reforma laboral y la de las pensiones» y por ello su formación va a exigir más «transparencia».
