Podemos, con miedo a Villarejo, evitan que declare por la ‘Kitchen’ en el Congreso

Unidas Podemos ya no considera «oportuno» citar a declarar al excomisario José Manuel Villarejo para que declare en la Comisión sobre el caso ‘Kitchen’, que pretende investigar el uso ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer los intereses políticos del Partido Popular.

De repente, los morados se suman a los socialistas y descartan llamar a uno de los principales actores, que ha trabajado en las altas esferas policiales y del Ministerio del Interior en los gobiernos del PP como del PSOE y que en estos momentos sigue prestando declaración ante la Justicia.

El diputado Enrique Santiago se escuda en la «poca credibilidad» que ofrecen sus declaraciones. El presidente de la Comisión mantiene que es mejor apartar de las comparecencias a alguien que, en su opinión, podría «intoxicar» los trabajos parlamentarios.

«Ya llegará el momento de decidir si Villarejo debe o no comparecer, pero mi criterio es que ni mucho menos se debe comenzar con él», aclaró Santiago.

Un criterio que hasta este miércoles no sostenía la formación morada. De hecho, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, aseguró en la víspera de Nochebuena que las intenciones de su partido eran «levantar la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infección mafiosa del PP en Interior».

Y reiteró que querrían ver pasar por la comisión al expresidente Mariano Rajoy, al actual líder del PP, Pablo Casado, a la exsecretaria general del partido Dolores de Cospedal y al excomisario Villarejo. De sus citaciones este miércoles, sólo han echado marcha atrás con Villarejo.

Echenique también desveló que tendrían que sentarse con el PSOE para resolver sus discrepancias respecto a qué actores llamaban a declarar, entre otros asuntos, y da la casualidad que los socialistas no quieren llamar ni al actual líder del PP, Pablo Casado, ni a Villarejo.

Fuentes socialistas se reservan el criterio y las explicaciones de esta decisión, aunque afirman que dicho actores «no son relevantes» para la Comisión.

Tres meses con el PP en el punto de mira

El plan de trabajo que propondrán PSOE y Unidas Podemos para la comisión parlamentaria no contempla, sin embargo, restricción alguna para que los grupos soliciten cuantas comparecencias deseen, según hizo saber Santiago en rueda de prensa.

Desde Podemos prevén, además, que las conclusiones de la misma estén listas en un plazo de tres meses. Tres meses en los que el PP estará en el punto de mira del resto de partidos, en especial, por parte de la izquierda para intentar desgastar al principal partido de la oposición.

El presidente de la Comisión ya ha dado por hecho el objetivo de la investigación asegurando que «la Operación Kitchen fue organizada irregularmente por el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado, Francisco Martínez. Estamos ya acostumbrados a casos de uso indebido de patrimonio público por parte del PP. Esto no es una hipótesis de los grupos parlamentarios es un ataque claro a los derechos de los ciudadanos. Se ha perseguido con fines políticos a personas lo cual es propio de los estados autoritarios, funcionando como una verdadera organización criminal», sentenció.

Por ello, desde el PP consideran esta comisión como «una caza de brujas» con la intención, por parte del Gobierno de coalición, de hacer coincidir estos trabajos con el periodo preelectoral en Cataluña.

Ante esto, los populares han elevado a la Mesa de la Comisión una cuestión previa a la aprobación del plan de trabajo de la misma a fin de que se remita al Juzgado Central de Instrucción número 6 encabezado por Manuel García-Castellón.

Se trata de un escrito solicitando que aclare «los derechos constitucionales que afectan a personas que están siendo investigadas en el proceso judicial y cuál debe ser el alcance del deber de salvaguarda de los citados derechos por parte de la comisión de investigación».

Asimismo, solicita que explique si «las fuerzas políticas personadas en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional (PSOE y UP) pueden utilizar los documentos que son parte del expediente judicial en los trabajos de la comisión» y, en caso de que así fuera, «cuáles son las responsabilidades en las que podrían incurrir».

Los populares se niegan a presentar comparecientes ni a rellenar el documento de trabajo exigiendo que la Comisión no empiece sus trabajos hasta que todos estos informes hayan sido evaluados.

Vox salva a Casado y a Rajoy

La formación de Santiago Abascal presentó este miércoles su lista de comparecientes y la sorpresa de algunos diputados de otros partidos fue ver la ausencia de Casado, Cospedal o Rajoy entre sus citaciones.

Los de Vox han preferido citar a implicados directos provenientes de las altas esferas como son: Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Andrés Gómez Gordo, Sergio Ríos Esgueva, José Ángel Fuentes Gago, Marcelino Martín-Blas, Bonifacio Díaz Sevillano y José Francisco González.

Mientras que Ciudadanos sí que ha llamado a declarar a Rajoy y a Cospedal, también a su marido, Ignacio López del Hierro y a Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, y al excomisario Villarejo, entre otros nombres ya citados por Vox.

«La Comisión recabará del Gobierno, del conjunto de las administraciones públicas, autoridades y funcionarios, así como de cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuantos documentos, informes, antecedentes o datos sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto», señaló el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago.

En cuanto a la lista de interrogatorios, ambos grupos establecen que se celebrarán «las comparecencias que la Comisión considere pertinentes para cumplir su objeto». «Durante el desarrollo de los trabajos y como consecuencia de éstos, la Comisión podrá acordar la apertura de nuevos plazos para la propuesta y la aprobación de nuevas comparecencias», explican.

Según refleja la hoja de ruta de PSOE y Unidas Podemos, la Cámara Baja podrá acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso «dé traslado al Ministerio Fiscal de sus conclusiones para el ejercicio de las acciones que sean procedentes».