Podemos cargará contra Batet en la Mesa del Congreso más tensa de la legislatura

Unidas Podemos y Meritxell Batet se verán las caras este martes por primera vez después de que la presidenta del Congreso hiciera efectivo el oficio del Tribunal Supremo y comunicara a Alberto Rodríguez la pérdida de su escaño.

La reunión se la Mesa del Congreso se celebrará este martes y todo a punta a que será la más tensa de la legislatura porque los morados no se apean de su discurso en contra de la tercera autoridad del Estado y del Tribunal Supremo.

Fuentes de Unidas Podemos acudirán a la reunión con ánimo de «pedir explicaciones sobre el atropello que vivimos este viernes», expresan a Economía Digital. El partido de Ione Belarra cambió de discurso y este lunes pidió la dimisión de Batet. Algo que pilló por «sorpresa» a los socialistas, según su portavoz Felipe Sicilia.

«En la reunión de este martes puede suceder de todo», explica un diputado del PP. Desde Podemos se acusará a Batet de estar «plegada a las órdenes del Supremo, en contra del informe de los letrados», aseguran. Mientras PP, Cs y Vox seguirán pidiendo explicaciones sobre el ‘informe fantasma’ porque no ha salido todavía quién lo solicitó.

Fuentes de la Cámara Baja explican a Economía Digital que las «notas» o «propuestas» las realizan los letrados del Congreso de oficio sobre cada uno de los temas que se discuten en la Mesa.

Sin embargo, los informes son «de parte legitimada». Esto quiere decir que alguien tuvo que solicitar dicho informe y desde Vox afirman que los miembros que conforman la Mesa ya se lo encontraron sobre la Mesa el primer día que se dirimió este asunto.

Los diputados Iván Espinosa de los Montero y Macarena Olona seguirán preguntando por este asunto en la Junta de Portavoces que se reúne tras la Mesa del Congreso.

Asimismo y del PP agradecerán a la presidenta que «nos haya escuchado», ya que calificaron de «muy grave» que Batet «reinterpretase» la sentencia del Supremo y no la aplicase, comunicando la inhabilitación del diputado, tal y como el alto tribunal pidió un día después enviando un oficio a la Mesa.

Ciudadanos esperará a la respuesta de la Junta Electoral Central (JEC), que se reunirá este miércoles, un día después para tener más argumentos a su favor.

Pero los naranjas sí que han querido cargar contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tras cargar contra el Supremo en un tuit. Por ello, el portavoz Edmundo Bal registró este lunes la reprobación de la ministra argumentando que sus declaraciones son de «extrema gravedad» y la inhabilitan para la actividad política.

«Lamentablemente, este episodio de singular gravedad, viene a ser la continuación de anteriores manifestaciones también vertidas en el pasado reciente por miembros del Gobierno en la misma línea de menoscabar la independencia, imparcialidad y
objetividad del poder judicial; así ocurrió también cuando en 2020, el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias no dudó en instar al Poder Judicial a abstenerse de hacer una utilización política de la justicia», señalan desde Ciudadanos.

Rodríguez desautoriza a Podemos y pregunta a Batet

Si con todo ello no hay ánimo para el lío, el diputado y directamente afectado Alberto Rodríguez desautorizó este domingo a su ya ex formación para anunciar que no se querellará contra Batet.

El canario envió este lunes un requerimiento a nombre de Batet, cuando se suele hacer a nombre de la Mesa de la Cámara Baja, donde pregunta a la presidenta con qué base legal ha decidido transformar una pena accesoria de inhabilitación en la privación de la condición de diputado.

En el requerimiento, al que ha tenido acceso Economía Digital, pregunta «cuándo y mediante qué resolución» se adoptó la decisión a través de la cuál se le ha privado del escaño.

Rodríguez pregunta a Batet «con qué base legal ha decidido transformar una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena en una privación del escaño para que el que resulté elegido el pasado 10 de noviembre de 2019».

El Supremo le consideró autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad por el que fue condenado a un mes y medio de prisión; pena que el tribunal sustituyó por una multa de 540 euros. Pero la pena también lleva accesoria la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, la pérdida del escaño por ilegibilidad sobrevenida, según defienden en todo momento fuentes del Alto Tribunal.