Plus Ultra busca bloquear el peritaje a sus cuentas
La aerolínea se aferra a los informes económicos ya presentados en la investigación sobre el rescate de 53 millones autorizado por la SEPI
Plus Ultra ha presentado un recurso ante la Justicia con el objetivo de frenar el peritaje que la jueza de instrucción de la Audiencia Provincial de Madrid había ordenado sobre sus cuentas. La magistrada Esperanza Collazos solicitó un análisis de sus números para determinar si la aerolínea cumplía con los requisitos legales para obtener el rescate público de 53 millones de euros.
La defensa de la compañía ha recurrido esta parte de la investigación porque considera que se trata de una prueba innecesaria y sin utilidad para determinar si era una candidata idónea en el plan de ayudas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En el texto, han argumentado una «falta de justificación», según ha publicado Europa Press.
«Viene a remitir a la valoración de un experto aquello que ya ha sido valorado por una pluralidad de autorizados estudios aportados a las actuaciones y respecto a los que, hasta lo aportado a la causa, no cabe atribuir razón alguna de duda o tacha», reza el recurso.
El análisis de las cuentas marcará el futuro judicial de los 15 imputados
La jueza instructora ya acordó la suspensión cautelar de la primera parte del rescate, dotada con 34 millones, que debía materializarse este 28 de julio, ante las dudas sobre la idoneidad de los beneficiados para acceder al plan público de ayudas de la pandemia. Mientras continúa recabando pruebas para armar la causa.
El análisis de los números juega un papel fundamental en la investigación, ya que condicionará la llamada para testificar de los 15 altos cargos del consejo de administración de la SEPI que han sido imputados por la autorización del rescate. Entre ellos figura el vicepresidente del organismo público, Bartolomé Lora, que orquestó la operación.
Para tratar de validar la justificación de las ayudas, la defensa de Plus Ultra remitirá este miércoles al juzgado un nuevo informe con el que pretende demostrar que el préstamos participativo es necesario para garantizar la viabilidad de la aerolínea española. Era precisamente uno de los criterios para rescatar a las compañías estratégicas durante la crisis de la Covid-19.
Plus Ultra se aferra a los informes económicos externos
Hasta la fecha ya han presentado otros documentos sobre su situación económica elaborados por entidades como Daiwa Corporate Advisory, otro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) e incluso uno expuesto por el propio Ministerio de Transportes, que entonces lideraba el socialista José Luis Ábalos, antes de la remodelación del Gobierno.
En la causa, forman parte como acusación particular tanto el Partido Popular como Vox, que desde que se acordó el rescate han impulsado una fuerte oposición a la inversión pública porque consideraban que la aerolínea ya había dejado de ser viable antes de la crisis del coronavirus.
Los únicos que respaldan a Plus Ultra en el litigio judicial son los miembros de la Abogacía del Estado, que han insistido en la necesidad de conceder el rescate al considerarlo «indispensable» para garantizar el futuro de la aerolínea. Mientras que la Fiscalía sí que ha solicitado pruebas para comprobar si se cumplen los requisitos.
El Tribunal de Cuentas ya archivó su propia investigación sobre las ayudas después de no detectar ninguna responsabilidad contable en la movilización del dinero público por parte de la SEPI. La decisión definitiva estará en manos de la justicia ordinaria.