Pimec quiere suspender de empleo y sueldo a los empleados sin certificado covid
La patronal catalana de las pymes propone la creación de una app móvil que verifique el estado de cada persona
La obligatoriedad de ponerse la vacuna de coronavirus o mostrar una prueba negativa se extiende por Europa, mientras que España se resiste. Solo algunas comunidades autónomas, como Galicia o Cataluña, lo usan para entrar en determinados establecimientos, y ahora Pimec da un paso más: quiere suspender de empleo y sueldo a los empleados que no dispongan del certificado covid.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprobó este jueves el uso de este documento para festivales y conciertos, pero la patronal más representativa de las pymes catalanas ha pedido extenderlo también a los ambientes de trabajo para, según ha señalado, incrementar la seguridad.
Su secretario general, Josep Ginesta, ha defendido que de esta forma «no se limitan los derechos individuales», sino que es una medida que favorece el interés común y los espacios a salvo de covid.
Pimec ha propuesto crear una aplicación móvil a través de la cual se «verifique el estado de la persona»
Para ello, Pimec ha propuesto crear una aplicación móvil a través de la cual se «verifique el estado de la persona», ha explicado Ginesta este domingo en una entrevista en RAC 1. Y es que, según la patronal, todavía hay alrededor de 250.000 trabajadores en Cataluña que no han recibido el pinchazo contra el coronavirus.
Ginesta ha definido esta iniciativa como un «incentivo» para lograr que todos los empleados se vacunen y alcanzar así la inmunidad colectiva.
Por otro lado, para justificar esta polémica petición, ha insistido en que en algunos países quienes rechazan la vacuna deben presentar tests constantemente ya que solo tienen una validez de dos o tres días.
La mitad de los españoles, a favor de que la vacuna sea obligatoria
La medida genera polémica. Y España está dividida en este sentido, aunque una clara mayoría del 48,9% está a favor de que la inoculación sea obligatoria. Este es el dato que revela el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este viernes, que crece 1,5 puntos respecto al anterior sondeo.
Frente a quienes opinan que todo el mundo debería ponerse la inyección, un 24,6% considera que no habría que obligar a nadie, mientras que un 23% responde que «depende de los casos».
Entre las personas que se han decantado por esta última opción, el 63,7% está a favor de inmunizar con el pinchazo a todo personal sanitario, también al que trabaja en residencias de mayores y a aquellos que, por su puesto de trabajo, están en continuo contacto con el público.