Pensiones, SMI… las elecciones en CEOE complican la agenda del Gobierno
La competición entre Antonio Garamendi y Virginia Guinda para presidir la CEOE enrarece el último tramo de negociaciones en el diálogo social, marcado por el compromiso con la UE de una reforma de pensiones y la subida del salario mínimo que promete Yolanda Díaz
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), junto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d) , y el secretario general de la UGT, Jose María Álvarez.EFE/Quique García
Las elecciones en CEOE tienen consecuencias más allá de la batalla por el control de la patronal española. Hay daños colaterales del enfrentamiento entre el actual presidente, Antonio Garamendi, y la aspirante, Virginia Guinda, que se medirán en unas elecciones el próximo 23 de noviembre. Uno de estos ‘terceros damnificados’ es, precisamente, la agenda económica y social del Gobierno, que se juega mucho en las próximas semanas. Nada de esto parecía importante hace unas semanas, cuando Garamendi aspiraba ser candidato único y a revalidar su mandato como jefe patronal. Pero la situación ha cambiado, y mucho, en el último mes.
Hay dos hitos importantes que están en manos de dos ministros de Pedro Sánchez y que observan con recelo lo que está sucediendo en la patronal española. El primero es el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que debe presentar un importante paquete de reformas en las pensiones con los agentes sociales, tal y como se ha comprometido con Bruselas este diciembre. La segunda es la vicepresidenta laboral, Yolanda Díaz, que quiere arrancar el año con una importante subida del SMI para reforzar su futura marca electoral.
Ambas iniciativas deben pasar por la mesa del diálogo social, en la que se encuentra, naturalmente la CEOE. Es complicado que el Gobierno pueda esperar un acuerdo en pensiones y SMI con la CEOE en las próximas semanas debido a su tensión electoral interna. Y retrasarlo puede poner en riesgo el calendario previsto.
Daños colaterales en las elecciones de CEOE
¿Influyen las elecciones en CEOE? Oficialmente en nada, aunque si se consulta a las partes, la respuesta es que unos comicios como los que tendrán lugar en tres semanas nunca van a ser neutrales. No es lo mismo el ritmo negociador de Garamendi cuando esperaba ser revalidado por aclamación en CEOE que cuando, más tarde, ha sabido que debe medirse con una facción descontenta con su complicidad negociadora con el Gobierno.
El primero que parece haber percibido este sutil cambio del viento es el propio Escrivá, que este viernes hacía sutiles referencias a los acuerdos pendientes con la CEOE en el diálogo social y la actitud de Garamendi. Este mismo viernes, en una entrevista con Radio Nacional, el ministro aseguraba que las críticas vehementes del presidente de la patronal a las últimas subidas de cotizaciones eran «muy artificiales». «Me da la sensación que responden a cuestiones tácticas o externas», apuntaba el alto cargo en referencia al proceso electoral patronal.
La reforma de las pensiones pendiente
Lo más delicado que se encuentra sobre la mesa es la promesa por parte del Gobierno a Bruselas de presentar un plan creíble para la sostenibilidad de las pensiones este diciembre de 2022. Es un compromiso adquirido. El Ejecutivo de Pedro Sánchez debe presentar un acuerdo ante la mesa del diálogo social, pero puede querer esperar a que pase el 23N en CEOE, aunque entonces quedaría muy poco espacio para la negociación.
En este segundo paquete de reformas de las pensiones (el primero en 2021 volvía a indexar las pensiones y eliminaba el Factor de Sostenibilidad) tiene que abordar la ampliación del período de cálculo de las pensiones, más allá de los 25 años actuales, destopar totalmente las cotizaciones sociales y actualizar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI, sustituto del factor de sostenibilidad), que actualmente implica básicamente un recargo para las empresas.
Estas son, a grandes rasgos, las reformas que el Gobierno debe presentar a la UE este año, puesto que la primera tanda de medidas no lograron, digamos, convencer a Bruselas de que eran suficientes para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Garamendi firmó la primera ronda en 2021 en el contexto del diálogo social, pero puede que ahora quiera ser más vehemente y exigente frente al Gobierno porque sabe que, muchos de sus críticos lo son, en parte, porque le consideran blando a la hora de enfrentarse a un Gobierno tan escorado a la izquierda y que ha buscado rédito electoral en su frentismo contra los empresarios.
Una nueva subida del SMI
El otro flanco sensible lo representa el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Después de haber subido más de un 40% durante el mandato de Pedro Sánchez, la vicepresidente de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que pretende aprobar una nueva alza para 2023, por la alta inflación que registra la economía española. Este incremento no debe ser necesariamente acordado con los agentes sociales, aunque el Estatuto de los Trabajadores estipula que «el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional».
En la última subida del SMI, Garamendi se descolgó de un posible acuerdo, tras haber sido fuertemente criticado por su apoyo (unilateral) a la reforma laboral, que añade rigideces a la contratación de las empresas. Cuál será la postura de la patronal ante la negociación con Díaz es un misterio, máxime cuando Virginia Guinda ha hecho del SMI uno de los pilares de su programa económico contra Garamendi, exigiendo mayor flexibilidad teniendo en cuenta los sectores económicos.
¿El rechazo de CEOE puede frenar a Díaz de subir el SMI? Probablemente no. Garamendi ya había comunicado que no apoyaría nuevas subidas del SMI. Es probable que ahora sea más crítico y acusador contra Díaz. Y esa es una imagen que no le gusta proyectar a la vicepresidenta, como adalid del consenso que quiere ser, teniendo en cuenta que su marca electoral presidencial para desbancar a Podemos y Sánchez se llama «Sumar».
