La competición entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz es un problema
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz están inflacionando sus ataques contra las empresas españolas en un intento de llevar al BOE una cruzada económica de izquierdas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso. EFE
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han decidido competir por un mismo electorado y con un mismo discurso y esto es peligroso. La semana pasada, tanto el presidente como la vicepresidenta del Gobierno han decidido iniciar su remontada electoral. El primero, desde el atril del Congreso de los Diputados y la segunda, mediante procesos de «escucha» a través del territorio nacional.
Pero lo cierto es que ambos confían en el BOE para sacar lustre a su nueva política de izquierdas. Pedro Sánchez se ha desquitado definitivamente de su lucha contra «la ultraderecha» y la defensa de lo social y encara sus dos próximos años como el azote económico de los empresarios. Como muestra, los nuevos impuestos a la banca y las eléctricas. El problema es que ha venido a ‘pisar’ el terreno que estaba meticulosamente trabajando Yolanda Díaz para impulsar su plataforma electoral Sumar: un agenda económica muy agresiva para diferenciarse de Podemos (OTAN, derechos LGTBI…). Prueba de ello, el desconcierto de la vicepresidenta tras los anuncios en el Debate del Estado de la Nación.
Ninguno de los dos ha dado muestras recientes de querer poner la estabilidad del país por delante de sus intenciones políticas. Y lo más problemático es que la política económica de La Moncloa se ha convertido en una carrera entre Sánchez y Díaz por liderar medidas agresivas contra los empresarios. Si Yolanda Díaz pedía «una tasa Iberdrola» (un impuesto a las eléctricas), Sánchez veía el impuesto y envidaba otro más a Santander, Caixabank y BBVA (el impuesto a la banca). Acto seguido, Yolanda Díaz se crecía y pedía extenderlo a todas las empresas cotizadas con beneficios.
«Son los márgenes empresariales, y no los salarios, los que están actualmente causando un fuerte impacto también en términos de inflación», llegó a decir Yolanda Díaz este fin de semana. La última prueba sin demostración de cómo se está elevando el tono en Moncloa y sus ministerios en aras de estigmatizar a las empresas españolas como responsables de la crisis económica. Sánchez, por su parte, arengó en el debate: «Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos«.
Escalada peligrosa
Esta carrera acaba de empezar. Los nuevos impuestos (que recaudarán 7.000 millones en dos años) han servidor para frenar la depresión izquierdista en julio. Pero en septiembre, la situación económica se agravará y tanto Sánchez como Díaz pretenden seguir impulsando su Agenda contra la empresa. La vicepresidenta y ministra laboral ya ha anunciado que quiere un nuevo «contrato social para la próxima década». Esto, expresado tan bonito, son nuevas intervenciones en el mercado laboral. Una de sus medidas es la creación de consejos de administración paralelos en las empresas con voz y con voto, restando capacidad de decisión a los propietarios y accionistas de estas empresas.
Si alguien podía pensar que los planes de Yolanda Díaz iban a quedarse en retórica y cursilería, el acelerón de Sánchez con su cruzada fiscal obliga a la líder de la izquierda a ser más agresiva y llevar sus ‘promesas’ al BOE. La cruzada fiscal, está, por otro lado, lejos de terminar, y no es descabellado pensar en nuevos impuestos «a los ricos» (IRPF, Patrimonio o Sucesiones), en los siguientes Presupuestos Generales del Estado.
Daños colaterales de la guerra Sánchez-Díaz
El problema de esta escalada es que son medidas dirigidas a golpear no solo a la élite económica del país sino a todas las empresas en general, mientras que La Moncloa recauda fondos y más fondos con el solo objetivo de abaratar la factura de la luz de los hogares, y sin ninguna medida especial a la vista para el tejido empresarial e industrial (que no se benefician de estas bajadas).
Y lo cierto es que a partir de septiembre se teme una oleada de cierres empresariales tras el fin de la moratoria, que se suma al final del periodo de carencia de los créditos ICO. Los precios del gas no dejarán de subir, con especial afectación a la industria española.
Hoy por hoy, mientras se dirime quién lidera la cruzada económica contra los poderosos, las empresas españolas cuentan con poca ayuda de cara a septiembre. Sobre todo las pequeñas y medianas empresas: un informe reciente de Cepyme alertaba de que la rentabilidad de las pymes no ha dejado de descender en los últimos años, hasta colocarse en el 3%, cifras que no se veían desde 2016. Las ventas han crecido, por los costes han subido a un ritmo mayor, especialmente la energía y los costes laborales: las empresas están ‘cargando’ con las subidas salariales a costa de la rentabilidad. Todo, a la espera de qué otros daños colaterales recibirán de la guerra monclovita por el liderazgo de las izquierdas.
