Pedro Sánchez entrega otra presa a los soberanistas
El Gobierno pasa de los gestos de distensión con el soberanismo a la purga de cargos que no comulgan con la rebaja de penas a los líderes del "procés"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i) y el primer ministro portugués, Antonio Costa pasan revista este miércoles en la XXX Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que hablarán de la posible candidatura conjunta de ambos países junto a Marruecos p
Apenas 36 horas después de la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno ha vuelto a azuzar este miércoles la tormenta perfecta político-jurídica que se extiende por España. Tras las sacudidas propiciadas a la judicatura, el Gobierno ha dado una muestra inequívoca de su condescencia con los independentistas al proceder a la destitución de Edmundo Bal, el abogado del estado encargado de llevar la causa del «procés», el mismo abogado que sostenía que Carles Puigdemont y compañía cometieron delito de rebelión.
El cese se puede leer como la última de las cesiones con el soberanismo del ejecutivo de Pedro Sánchez respecto del proceso judicial. Pero también, y sobre todo, como una purga en toda regla. No en vano, Bal se negó a firmar el escrito de acusación cuando la nueva abogada general del Estado designada por Sánchez, Consuelo Castro, se decantó por distanciarse del criterio de la fiscalía, descartar el delito de rebelión y optar por la sedición.
Edmundo Bal ya estaba en el punto de mira de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, puesto que en verano abogó por defender a Pablo Llarena en la demanda civil que Puigdemont presentó contra él en Bélgica, situándose así contra el criterio inicial del Gobierno. Pero si entonces se salvó, su negativa a aceptar el cambio de posición de la Abogacía en el juicio del procés ha sido el último clavo de su ataúd.
El festival de gestos
La maniobra culmina el festival de gestos que el gobierno de Sánchez ha dedicado al independentismo en las últimas semanas de cara al juicio, empezando por aquel escrito de acusaciones a la baja que la abogacía presentó el día 2 y siguiendo con las finalmente fallidas maniobras para intentar situar al conservador Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo.
La operación Marchena era una concesión al PP a cambio de la cual los socialistas se aseguraban una mayoría progresista en el CGPJ, y que de paso propicia un movimiento nada menor en la Sala Segunda del Supremo. La sala que tiene que juzgar a Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas, seguirá presidida por Marchena y, por tanto, no habrá giro a la izquierda porque no se producirá relevo alguna en la instancia judicial.
El salto de Marchena a la presidencia del Poder Judicial comportaba la entrada de un nuevo magistrado en sustitución suya y la designación de un nuevo presidente de la Sala Segunda de entre sus actuales integrantes. Para el primer caso, la elegida era Susana Polo, considerada más progresista, y para asumir la dirección del juicio, la cosa estaba entre el moderado Andrés Martínez Arrieta y la también progresista Ana Ferrer.
Es decir, el movimiento de piezas desplazaba al tribunal hacia una configuración ideológica más próxima al ejecutivo socialista. Y con la ventaja añadida de que el aval del PP a la operación le evitaría al Gobierno reproches de los populares en la clave en que sí los ha hecho ya Ciudadanos: la de que la operación es otra concesión al independentismo.
Los manejos políticos
Pero todo ese plan voló por los aires con la difusión del dichoso whattsapp de Ignació Cosidó en el que el portavoz del PP en el Senado se jactaba de que los populares controlarían la sala segunda del TS (la del juicio al procés) “desde detrás” gracias a Marchena, que reaccionó borrándose.
De hecho, el balance de la sucesión de gestos promovidos por Sánchez es, por el momento, desastroso. El cambio de la renuncia del gobierno a solicitar penas por rebelión, lejos de suscitar ninguna complicidad entre el independentismo, propició una reacción en tromba de Quim Torra y los soberanistas, que se apresuraron a reconfirmar su no a los presupuestos. Y además, numerosos juristas han advertido de que la discrepancia de criterios entre la Abogacía del Estado y la Fiscalía puede pasar factura de cara a un eventual recurso de los procesados ante el tribunal de Estrasburgo.
La operación Marchena no solo ha acabado en sonoro gatillazo, sino que las defensas de Junqueras, Jordi Sànchez y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull se remiten ahora al whatsapp de Cosidó para pedir ahora la recusación de Marchena, mientras Torra, ERC, Junts per Catalunya y el Pdecat ven como continuamente, el ejecutivo socialista les suministra nuevos materiales para apuntalar el que será su relato favorito hasta que acabe el juicio y más allá: el de la falta de independencia de la justicia española.
