Las patronales catalanas reniegan del decreto de traslado de empresas
Foment del Treball, Fepime y Pimec verían con buenos ojos la derogación del decreto del gobierno del PP que agilizó el traslado de sedes sociales de empresas
El presidente Quim Torra ha recibido esta mañana el apoyo de las patronales catalanas Foment del Treball, Fepime y Pimec para conseguir la derogación del decreto estatal que facilita los trámites para que las empresas puedan trasladar sus sedes sociales.
Con este decreto aprobado por el anterior gobierno del PP, miles de empresas se fugaron de Cataluña en pleno conflicto político por el referéndum del 1 de octubre (1-O).
En el encuentro con Torra han tomado parte Josep González, presidente de Pimec; Helena de Felipe, presidente de Fepime; y Ramon Adell, vicepresidente de Foment. Posteriormente, Torra también se reunió con los secretarios generales de CC.OO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente.
Después de la reunión, la portavoz del gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi, aseguró que están estudiando medidas jurídicas contra el decreto de traslado de sedes sociales de empresas. No concretó que medidas están en estudio. Sin embargó, indicó que supuestamente se han “violado los derechos de los accionistas” porque fueron excluidos de la decisión de cambio de sede.
Las patronales catalanas piden “gestos políticos” entre los ejecutivos de Torra y Sánchez
Las patronales se han mostrado favorables a la derogación del decreto, que ven como un “gesto político” que mejoraría las relaciones entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y Quim Torra. “Sería importante que se produjeran gestos por parte de los dos lados para buscar la estabilidad, la confianza y de seguridad jurídica, lo que ayudará a la inversión”, ha dicho Adell.
Desde estas patronales se precisa que la derogación del decreto tendría valor solo como “gesto”. Entienden que el cambio normativo no constituirá ningún incentivo para que vuelvan.
La consejera de Empresa, Àngels Chacón, también clamó este lunes contra el decreto. Lo calificó de “deslealtad económica” porque su objetivo era el de “favorecer” que las empresas trasladasen su sede social fuera de Cataluña mediante la “propagación de mensajes de incertidumbre y caos”.
Por su parte, los líderes de CCOO y UGT han acudido a la Generalitat con una lista de peticiones. Entre estas destaca los cambios presupuestarios para restituir las pagas extras pendientes de los funcionarios o el despliegue de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Así, los sindicatos han emplazado a Torra a no esperar al presupuesto de 2019 para sacar adelante estas iniciativas.