Patronal y sindicatos presionan a Díaz para que apruebe el martes su propuesta sobre los ERTE
Los agentes sociales convocan a sus ejecutivas el martes, el mismo día que la ministra de Trabajo busca aprobar la prolongación de los ERTE en Consejo de Ministros. Se espera una negociación a contrarreloj.
El martes se espera una negociación tensa y a contrarreloj entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo. Sindicatos y patronal van a utilizar la estrategia de presionar a Díaz hasta el último minuto para salirse con la suya y que el Ejecutivo apruebe sus propuestas si quiere sacar adelante la norma ese mismo día en Consejo de Ministros. Los agentes sociales someterán ese mismo día el texto a la aprobación de sus respectivos órganos de gobierno y, posteriormente, se espera una negociación a contrarreloj con cada uno de sus protagonistas pendientes del teléfono móvil.
Parece que UGT, CC.OO., CEOE y Cepyme conocen el viejo truco de exprimir al máximo las negociaciones para que ambas partes cedan en sus respectivas pretensiones. Tanto patronal y sindicatos esperarán y no convocarán a sus ejecutivas hasta el martes, que es cuando se celebra el Consejo de Ministros que pretende sacar adelante esta norma.
La última negociación sobre los ERTE, los empresarios aprovecharon este tiempo de descuento para arrancar al Gobierno su adhesión ‘in extremis’, según recuerdan fuentes de la negociación. Ahora piensan volver a sacar provecho bajo la amenaza de no secundar el acuerdo.
Sobre la mesa todavía se encuentra una cláusula por la que CEOE podría dar un paso atrás y que la reforma no fuera aprobada con su apoyo. El documento del Gobierno, según ha podido conocer Economía Digital, muestra que las empresas tendrán que seguir devolviendo las ayudas –las exenciones de cuotas a la Seguridad Social– concedidas a toda la plantilla si despiden a los trabajadores en ERTE antes de seis meses. Un punto por el que hasta ahora no ha habido acuerdo en la mesa de diálogo social.
Las patronales no se quieren coger los dedos y no darán su respaldo a este último texto hasta que lo haga su junta directiva, para que luego no haya ningún enfrentamiento interno, aseguran las fuentes consultadas. «Nos guste o no, va a tener que haber ajustes de plantilla. Lo que no puede ser es que se las obligue, si despiden, a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE, cuando sería más lógico devolver las de quienes se quedan fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más», dijo Antonio Garamendi, presidente de CEOE, en una entrevista en Onda Cero.
Desde los sindicatos contemplan la negociación colectiva como solución a este problema y advierten que «lo que no puede ser es que se paguen despidos con dinero público», dijo el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino.
Fuentes gubernamentales advierten que «apenas se ha tocado el decreto» y destacan la incorporación de nuevos sectores al esquema de protección. Sectores que antes no podían sumarse a cobrar ERTE ahora sí estarán incluidos a través de este decreto como, por ejemplo, las artes escénicas y las salas de espectáculos. En total, unos 50.000 trabajadores más optarán a las exoneraciones de cuotas y a las prestaciones, según los cálculos de Trabajo.
El Gobierno culpa a los empresarios
Fuentes gubernamentales lamentan que el pasado jueves no salieran de la reunión con los agentes sociales «con un decreto que beneficiará a las empresas y los trabajadores lo antes posible«. En esta ocasión culpan a los empresarios por no aceptar en la última reunión que las empresas que se benefician de ayudas en la cotización, sufragadas con fondos públicos, mantengan el empleo durante seis meses tras el expediente.
Para las patronales es algo inviable, que ya fue recortado en anteriores citas con Trabajo, advierten desde CEOE. Los empresarios buscan rebajar aún más la cláusula de mantenimiento del empleo y al someter este punto a sus órganos de decisión, puede que el acuerdo salga, finalmente, con el visto bueno de los sindicatos pero no con el de los empresarios. «Una pena», señalan desde Trabajo.
Por el momento, el Gobierno se resiste a modificar este criterio, que consideran un freno a la destrucción de empleo, explican fuentes del diálogo social y los empresarios siguen tensando la cuerda para lograr arrancar esta cláusula ‘in extremis’ al Gobierno. Hasta el martes no sabremos quién ganará y si el decreto, finalmente, será aprobado en Consejo de Ministros.