Patronal y sindicatos colapsan el teléfono de Calviño con críticas a Montero
El Gobierno ha lanzado tres mensajes distintos sobre la subida de impuestos en apenas una semana. La patronal llamó a Calviño y la vicepresidenta salió para calmar a los agentes sociales
Empresarios y sindicatos temen ver truncada la recuperación económica. El Gobierno, una semana más, ha tenido que hacer de ‘poli bueno y poli malo’ al mismo tiempo para tranquilizar a los agentes sociales. El fuego ardió el pasado martes cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la vía a subir impuestos, en concreto Patrimonio y Sucesiones. El teléfono de la vicepresidenta, Nadia Calviño, se colapsó de llamadas. La responsable económica ha tenido que salir jueves y viernes para negar la mayor y respaldar la recuperación ante la alarma creada.
Empresarios, sindicatos y hasta la OCDE han salido en estampida para aconsejar al Gobierno que no suba los impuestos ante la crisis provocada por la pandemia.
La ministra de Hacienda desveló esta semana que pretende acelerar ciertas medidas para que entren en vigor en 2022 mediante la armonización de Sucesiones y Patrimonio y el endurecimiento de Sociedades. Es decir, los primeros pasos de una subida fiscal de ocho puntos del PIB. Lo que se traduce en una subida de impuestos para toda España.
Los agentes sociales se enteraron del anuncio por la prensa, «como últimamente», señala uno de los agentes con ironía. Ahora reconocen a Economía Digital que el enfadó pasó a mayores porque «tras el anuncio de Montero no paramos de recibir llamadas», cuentan desde la CEOE.
El enfado era monumental entre los empresarios y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya había dejado claro que rechazaban la armonización fiscal, al considerarla una subida de impuestos y defendiendo, a su vez, el 80% recaudado en la Comunidad de Madrid.
Tanto la patronal como los sindicatos no daban crédito y, desvelan, que llamaron a responsables de los departamentos de Hacienda y también a la ministra Nadia Calviño para que pusiera cordura y echara el freno a su compañera. Pero ya era demasiado tarde. Distintos organismos pusieron esta semana, y en los días sucesivos al anuncio de Montero, el grito en el cielo señalando que la medida podría lastrar la recuperación.
La OCDE ya se mostró contraria a las intenciones del Gobierno. El organismo ha recomendado que en España no se suban los impuestos «hasta que la recuperación no sea firme», aunque respalda que a medio plazo se puedan imponer nuevas tasas, por ejemplo, a las bebidas azucaradas o a determinados combustibles.
Críticas a Montero y segundo aviso de Sánchez
Las críticas a Montero se sucedieron por parte de los agentes sociales y hasta el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se mostró cercano con los empresarios en algunas llamadas, según cuentas fuentes conocedoras a ED.
Pero apenas un día después, el presidente Sánchez dijo que el debate sobre los impuestos es «necesario» y argumentó que la Comisión Europea pide a España «desde hace mucho tiempo» que aborde esta reforma.
El líder del Ejecutivo ironizó para justificar estos planes con que «el peligroso comunista» Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, también había sugerido la necesidad de «elevar» el Impuesto de Sociedades. Un mensaje que a ojos de la patronal resultó «desproporcionado» porque creó aún más incertidumbre entre los diferentes sectores de la CEOE, por ejemplo.
La vicepresidenta económica tuvo que salir el jueves para lanzar un tercer mensaje, esta vez de calma. Calviño aseguró que en ningún caso contempla el Ejecutivo el «subir impuestos» porque «no es el momento», e insistió en que la hoja de ruta únicamente pasa por «un marco que evite la evasión fiscal».
La número dos del Gobierno reiteró que no debería haber subida impositiva «a corto plazo», pero sí abrió la puerta a «modernizar nuestro sistema fiscal», haciéndolo «más sólido y progresivo» y explorando las «oportunidades que da la fiscalidad verde». Fue entonces cuando los empresarios pudieron respirar y tranquilizar a los suyos, al igual que hicieron en UGT y CC.OO.
En conversación con ED, los agentes sociales entienden que el Gobierno de Sánchez tenga que acortar la brecha de siete puntos que España mantiene con respecto a la medida europea en materia de presión fiscal, aunque los datos a cierre de 2019 establecen que ese diferencial era algo inferior y estaba por debajo de los seis puntos: 35,4% en España frente al 41,1% en la UE.
Los agentes sociales insisten en hacer caso al Banco de España, la OCDE y demás organismos que fijan el objetivo de conseguir una recuperación firma para aplicar la subida de impuestos después.
