El Parlament da otro portazo a la teleinvestidura de Puigdemont
JxCat usa el coronavirus como excusa para intentar abrir una vía por la que restablecer al frente de la Generalitat al expresidente fugado a Bélgica
La oposición gana tiempo e intenta frenar el nuevo intento de JxCat para investir al expresidente fugado a Waterloo Carles Puigdemont. El Cs, el PSC, los comunes y el PPC se han opuesto a suscribir la propuesta de reforma del reglamento que permitiría entre otras cosas investiduras telemática. Las fuerzas independentistas deberán tramitar su propuesta a través de una proposición de ley si quiere tirarla adelante, aunque el tiempo acecha y la sentencia de Torra podría llegar a finales de verano u otoño.
JxCat usa el coronavirus como excusa y opina que es urgente tener aprobada la norma cuanto antes por si hay rebrotes en otoño y la Cámara Catalana necesita seguir el trabajo a distancia. La oposición sospecha que se trata de enésima maniobra de Puigdemont para volver a ser presidente y habilitar una fórmula que haga posible su nombramiento en unas nuevas elecciones.
La propuesta independentista planteaba que el pleno pudiera tratar cuestiones de este calado si así lo avalaban dos terceras partes de los diputados, es decir, una mayoría reforzada de al menos 90 diputados. Deberán tramitarla, así, como proposición de ley, y JxCat está obcecada con aprobar los plazos en lectura única.
JxCat alega que es urgente tener aprobada cuanto antes la reforma del reglamento del Parlament por si hay rebrotes del coronavirus en otoño y la cámara catalana necesita seguir trabajando a distancia, pero desde la oposición sospechan que la formación independentista tiene prisa por habilitar una fórmula que haría posible investir a Puigdemont en caso de presentarse a unas nuevas elecciones.
Medida inconstitucional
El Tribunal Constitucional ya tumbó la ley que aprobó el Parlament para permitir una investidura a distancia y las reuniones del Govern por vía telemática. Los magistrados, que tomaron la decisión por unanimidad, está suspendida desde mayo de 2018 e impidió el plan para investir a Carles Puigdemont pese a encontrarse huido en Bélgica.
Esa ley se había aprobado por la vía de urgencia con el apoyo de las fuerzas independentistas y la oposición de los demás grupos políticos después de que el propio Constitucional vetase un mes antes la investidura de Puigdemont de manera telemática o de cualquier modo que no implicase su presencia en el Parlament.
