El Parlament sabrá si el aval al Tribunal de Cuentas es ilegal antes de votarlo
El Parlament votará este jueves el decreto ley que creó el Govern para financiar los embargos a los condenados por el procés
El Parlament votará este jueves el decreto ley que creó el Govern para financiar los embargos del Tribunal de Cuentas a los 34 condenados por el procés. Lo hará justo después de que se conozca el informe del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que dictaminará en un informe no vinculante, solicitado por el PSC, PPC y Cs, si esta norma se adapta al Estatut y a la Constitución.
El pleno de la cámara decidirá si está a favor o en contra de este mecanismo a través del cual se creó un fondo para avalar los 5,4 millones de euros que se les exige a los líderes catalanes por promocionar la independencia en el extranjero.
No obstante, una vez que se apruebe -si es que es así- este decreto tiene más de un mes para sustanciarse ya que hay 15 días inhábiles en agosto. De hecho, podría alargarse hasta el 15 de septiembre.
ERC busca la abstención de los socialistas
La votación será el último punto del día, por lo que los grupos esperan para entonces haber tenido tiempo suficiente para analizar el informe del CGE y tomar una decisión.
Según puso saber Economía Digital, ERC busca al menos la abstención de los socialistas, y su portavoz, Alicia Romero, avanzó que “si actúan dentro de la legalidad» no tendrían ningún problema. «Si no lo hacen así, evidentemente actuaremos como creamos que lo tengamos que hacer”, apostilló.
Mientras que el Ejecutivo de Aragonès ha defendido en todo momento la «solidez jurídica» del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, el Tribunal de Cuentas ni siquiera tiene clara todavía la legalidad del mismo, por lo que permanece a la espera, en este caso, del veredicto que ha solicitado a la Abogacía del Estado.
Llop asegura que el informe de la Abogacía llegará «cuanto antes»
Según ha asegurado este miércoles la titular de Justicia, Pilar Llop, llegará «cuanto antes». La ministra, que ha inaugurado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) el curso de verano sobre «Poder Judicial y Estado de Derecho», así se lo ha asegurado a los periodistas y, además, según recoge Efe, ha aclarado que «el Gobierno no puede interferir de ninguna manera en esa resolución que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas».
«Lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas y que se elaborará cuanto antes. Se está estudiando por los servicios jurídicos», ha recalcado.
Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ya adelantó que el Ejecutivo recurriría el aval del Institut Català de Finances (ICF) si el Consell de Garanties lo consideraba ilegal.
Preguntada al respecto hace una semana en una entrevista en Onda Cero, la también ministra de Política Territorial aseguró que el Ejecutivo esperará a las conclusiones del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el fondo creado por la Generalitat.
Sobre si este asunto puede entorpecer esta nueva etapa de diálogo con la Generalitat, Llop se ha limitado a decir que es un tema que hay que analizar «con toda la normalidad» porque tiene sus consecuencias jurídicas. «Eso es lo que tenemos que analizar lógicamente», ha concluido.