El Parlament arrastra dos leyes pendientes desde hace más de 10 años

El Parlament cierra su primer año de legislatura con únicamente dos leyes aprobadas –la de presupuestos de 2022 y la ley de acompañamiento–. La cámara cuenta con varias normas en trámite, aunque destacan las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), puesto que cinco de ellas están pendientes desde legislaturas anteriores, algunas incluso llevan más de 10 años.

Las dos que más años aguardan en la Cámara –las ILP no decaen al cambio de legislatura– son la proposición de ley electoral y la proposición de ley de medidas urgentes para la vivienda. La primera es un clásico, puesto que Cataluña es la única autonomía sin una norma propia que regule sus procesos autonómicos pese a varios intentos fallidos para poder tirarla adelante.

La ley electoral: una deuda histórica en Cataluña

Una propuesta que, según han explicado fuentes parlamentarias a Economía Digital, no parece que vaya a desbloquearse en el corto plazo. Las discrepancias sobre cómo debería ser el modelo electoral en Cataluña, sobre todo relativo a la proporcionalidad de sus circunscripciones electorales, hacen inviable un acuerdo reforzado en el Parlament.

La proporcionalidad actual que se aplica en los procesos autonómicos procede de una distribución provisional de escaños que se recoge en el Estatuto de Autonomía de 1979, y que otorga a 85 a la provincia de Barcelona, 18 a la de Tarragona, 17 a la de Girona y 15 a la de Lleida. Un reparto criticado por la sobrerrepresentación de algunos territorios de mayoría nacionalista.

La ILP se registró en el año 2009, bajo el segundo tripartito dirigido por el socialista José Montilla. Desde entonces, la potencial ley ha ido sobreviviendo varias legislaturas sin que los gobiernos posteriores –Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès– hayan conseguido desencallarla.

Una ley de vivienda obsoleta previa a la crisis de 2008

Mucho más antigua es la proposición de ley de medidas urgentes para la vivienda, una ILP que se presentó en 2007 por Avalot, las juventudes de UGT Catalunya, en plena burbuja inmobiliaria y previa a la crisis de 2008. Uno de sus impulsores fue el exconseller de ERC Chakir El-Homrani, entonces joven sindicalista que participó en la recolecta de firmas y lideró su entrega.

Desde el entorno parlamentario insisten a este medio en que se trata de una ILP desfasada, puesto que el contexto habitacional actual poco tiene que ver con el que se planteó hace más de una década. Sin embargo, este proyecto de ley, que aborda cuestiones como viviendas de protección oficial o cuotas urbanísticas, sigue tramitándose en la cámara catalana.

No es la única ILP que sigue congelada de legislaturas anteriores. Otra de ellas es la proposición de ley de universidades, que se presentó en el Parlament en 2018, durante el mandato de Quim Torra, una propuesta que quería blindar legislativamente una rebaja de tasas tras las meteóricas subidas durante los gobiernos de Artur Mas y que se mantuvieron con Puigdemont.

La ILP sigue tramitándose, pese a que el Parlament ya aprobó una rebaja del 30% de los grados y del 40% de los másteres públicos. Según han explicado fuentes parlamentarias, el proyecto cierra esta semana su periodo para que los distintos grupos parlamentarios puedan presentar sus respectivas enmiendas.

A estas tres iniciativas populares se suman también la de modificación del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña aprobado por decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; o también la Ley del Deporte y la Actividad Física de Cataluña, que se tramita conjuntamente con una proposición de ley de Junts, ERC y el PSC.