Pablo Iglesias quiere retrasar los presupuestos de Pedro Sánchez

Era un secreto a voces. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, no han cerrado todavía el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por falta de acuerdos clave.

El gobierno de PSOE y de Podemos confiaba tenerlo cerrado en septiembre y comenzar a negociar con el resto de grupos parlamentarios, pero estas reuniones apenas avanzan a la espera de que las de formaciones que conforman el Gobierno de coalición cierren un trato entre ellas.

El desplante público del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre la regulación de los alquileres y la negativa a subir impuestos a las rentas altas son los principales escollos por los que Podemos se ha plantado y ha amenazado con que sin una “posición intermedia”, los Presupuestos podrían retrasarse más.

Fuentes de Moncloa confirman a Economía Digital que el deseo de Hacienda es aprobar las cuentas el próximo martes, 27 de octubre, en el último Consejo de Ministros del mes. Sin embargo, fuentes de la formación morada no lo tienen tan claro y advierten de que “se tiene que llegar a una posición consensuada” para cerrar el borrador con el que negociar.

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, puso este lunes sobre aviso a Iglesias asegurando que la regulación del precio de los alquileres tendría que esperar y, además, incorporarse en la Ley de Vivienda.

Una reacción que ha creado malestar en Podemos, tras haberla hecho pública su socio de Gobierno. Los de Iglesias buscan aprobar la medida cuanto antes e integrarla dentro de los Presupuestos.

Según Ábalos, el marco jurídico más apropiado para llevar a cabo esta regulación es la Ley de Vivienda en la que ya está trabajando el Gobierno y su Ministerio, y cuyo anteproyecto ya ha sido llevado a debate público. «Creemos que puede ser el marco jurídico en el que encaje este instrumento. Esta es nuestra visión hoy«, recalcó el dirigente socialista.

Desde ambos partidos admiten que un «elemento de choque» es dicha regulación que daría competencias a comunidades y ayuntamientos para regular el precio del arrendamiento en zonas de mercado «saturadas».

Podemos quiere aplicar ya ese compromiso del programa conjunto al ser un asunto «urgente» a nivel social y, además, permitiría «facilitar» la aprobación del borrador por parte de los grupos de la investidura, sobre todo de los grupos catalanes, ya que la ley daría cobertura legal a la aprobada en Cataluña y que está ahora mismo recurrida.

El gran escollo: la fiscalidad

Otras exigencias de la formación morada en la negociación es lograr que los Presupuestos «devuelvan la capacidad adquisitiva» al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo que se utiliza para la concesión de múltiples ayudas, y mejoras en el Ingreso Mínimo Vital, tal y como plantea la Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Pablo Iglesias.

Podemos quiere aprovechar la tramitación parlamentaria del IMV para incorporar «avances» que permitan atender mejor las situaciones de falta de ingresos a las que se están enfrentando muchos hogares, y «corregir problemas» en algunos requisitos de acceso que están «limitando su eficacia», según explican.

La fiscalidad es otro elemento que ha motivado «discrepancia», como revela que la semana pasada se enviara a Bruselas el plan presupuestario con la parte fiscal «en blanco», dado que Unidas Podemos «insiste» en una subida de impuestos directos a las rentas altas.

En el caso del IRPF, los de Iglesias apuestan por una subida a partir de los 200.000 euros para rentas del capital y rentas de trabajo, abogando también por una subida a los grandes patrimonios.

Desde Podemos consideran que “puede haber un punto intermedio”, de manera que nadie se vea perjudicado en esta negociación previa de las cuentas para comenzar a hablar con el resto de grupos.

La formación morada espera cerrar el acuerdo con el PSOE esta semana para que el borrador pase a manos de Sánchez e Iglesias, que tendrán que darle el visto bueno antes de ser aprobado en Consejo de Ministros y presentado en un acto conjunto que ya prepara Moncloa.