Iglesias y Ayuso usaron espacios institucionales para hacer propaganda electoral del 4-M
La Junta Electoral Provincial dictamina que el vicepresidente segundo usó su despacho ministerial con fines partidistas de cara a los comicios autonómicos
Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso han utilizado recursos públicos con finalidad partidista. Así lo ha dictaminado la Junta Electoral Provincial, puesto que el vicepresidente segundo usó su despacho ministerial para anunciar su candidatura mientras que la presidenta madrileña se dio autobombo desde una rueda de prensa el 15 de marzo.
El organismo ha determinado que Iglesias vulneró la ley «en la medida en que la grabación parece realizarse en su despacho institucional«. Este acto se puede considerar «como organizado por un poder público, y en la medida en que la intervención se efectuaron extensas alusiones a los supuestos logros obtenidos por Podemos en el Gobierno de coalición».
Ambos líderes se saltaron el artículo 50 de la LOREG, que dictamina que tras una convocatoria, los poderes públicos solo pueden desarrollar «una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo«, pero sin influir en el voto.
La Junta llama a «no incurrir en este tipo de actuaciones»
La presidenta madrileña ha recibido la reprimenda por una rueda de prensa del 15 de marzo, donde se le exigió que fuera cuidadosa «para no incurrir en este tipo de actuaciones». En la convocatoria a los medios para hablar sobre la Covid-19 pidió el voto para el PP. Las comparecencias denunciadas por la oposición no han vulnerado la norma.
En el caso del todavía vicepresidente segundo, se le recrimina el uso de su despacho ministerial para lanzar su candidatura. La grabación muestra a Iglesias sentado en la mesa de su despacho, con las banderas institucionales detrás, anunciando su candidatura para competir contra Ayuso el próximo 4 de abril.
Además, fue desde el vídeo donde Iglesias apuntó hacia Yolanda Díaz como su sucesora en la vicepresidencia y a la promoción de Ione Belarra frente al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El candidato morado usó el espacio de su ministerio para anunciar todo lo que, según él, había conseguido Podemos entrando al Gobierno.
No es la primera vez que un organismo electoral sanciona a un político para usar su posición para beneficio electoral. La Junta Electoral Central multó en enero de 2020 a Pedro Sánchez con 500 euros, y a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por haber lanzando mensajes electorales desde instituciones oficiales en vísperas de los comiciones del 10 de noviembre.