El fiscal exige que Oriol Pujol entre en la cárcel
La fiscalía exige que Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat, entre en presidio después de aceptar en conformidad una pena de dos años y medio
La fiscalía ha pedido este martes el ingreso en prisión del exdirigente convergente Oriol Pujol Ferrusola al considerar que, solo de esta forma, se cumplirá la «función reeducadora» de la pena de dos años y medio de cárcel que se le impuso por el caso ITV.
En un informe, el ministerio público se opone a la petición del abogado defensor de Pujol de que se suspenda su entrada en prisión. La defensa invocó un artículo de la última reforma del Código Penal que supuestamente le permitiría eludir la cárcel al no superar los dos años ninguno de los tres delitos por los que fue condenado: falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.
Oriol Pujol aceptó la condena de dos años y medio en conformidad, después de un acuerdo entre todas las partes que le evitó el juicio. Cuando estalló el caso ITV, Pujol era secretario general de Convergència, el partido que fundó su padre, Jordi Pujol. Toda su familia está imputada en otro caso que se instruye en la Audiencia Nacional.
En una vista ante el juez de instrucción en la que se fraguó el pacto de conformidad, el fiscal Fernando Maldonado anunció que exigiría su ingreso en prisión.
El fiscal subraya la gravedad de los delitos
En el informe que se dio a conocer este martes, la fiscalía insiste en la “naturaleza y gravedad” de los hechos por los que Oriol Pujol fue condenado. Reconoció que uso su influencia política para favorecer a empresarios y cobrar comisiones ilegales.
La sentencia condenatoria también le inhabilita para ejercer cualquier empleo o cargo público durante dos años.
Entre las operaciones en que Oriol Pujol reconoce haber intervenido a favor de los empresarios afines, entre los años 2011 y 2012, figura la reconversión industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la deslocalización de la compañía Yamaha.
Pujol admitió que cobró 381.450 euros en mordidas a través de las facturas por trabajos inexistentes que su esposa Anna Vidal giraba a su amigo íntimo, el empresario Sergio Alsina, en una trama en la que intermedió el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona y excargo convergente Josep Tous. Este último aceptó una pena de cinco meses de cárcel.
