La oficina anticorrupción catalana apenas ha usado el 25% de sus recursos a dos meses del cierre de año
La OAC ya se quedó en 2020 igualmente muy lejos de aprovechar sus recursos y solo consumió el 70% de su presupuesto. Este año va a peor
Del dicho al hecho hay un trecho. Así podría definirse el compromiso contra la corrupción catalana, puesto que el presupuesto para este 2021 –prorrogado de 2020– de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) era de 6.366.755,57€, pero solo se ha ejecutado a 9 de septiembre un total de 1.591.688,89€. Hasta esta fecha, solo ha utilizado el 25% de todos sus recursos anuales lo que, si mantiene la misma senda que el año anterior, llevaría a cerrar el año apenas habiendo gastado la mitad de sus recursos.
Una cifra de ejecución ínfima y del todo insuficiente para la institución que preside Miguel Ángel Gimeno Jubero, juez ubicado en el sector progresista –fue portavoz de la asociación Jueces para la Democracia– y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entre los años 2010 y 2015.
La OAC se quedó en 2020 igualmente muy lejos de aprovechar sus recursos. El año pasado solo consumió el 70% de su presupuesto. Este año, la inactividad es todavía más acusada. Si durante los tres primeros trimestres del año pasado la ejecución alcanzaba el 50%, el cumplimiento se reduce a la mitad; el 25% mencionado.
La oficina antifraude –creada en el año 2008– únicamente ha registrado 2.035 denuncias hasta el año 2020. Esto supone que de media cada año se han presentado un total de 169,5. La cifra es menor en el caso de expedientes resueltos, únicamente 1.884 desde que se creó la agencia (157 anuales de media).
Una situación equivalente en la Sindicatura de Comptes
Una situación que también sufre otra organización que fiscaliza a los poderes públicos de Cataluña. La Sindicatura de Comptes contaba con un presupuesto para este 2021 de 12.068.286,9€, de los que solo se han ejecutado a 9 de septiembre un total de 3.017.071,73€, lo que supone un 25% del total.
La OAC se creó en el año 2008, durante el gobierno tripartito del socialista José Montilla. Una corrupción que por aquel entonces ya empezaba vislumbrarse. En 2005, el expresidente Pasqual Maragall (PSC) pronunció la famosa frase «ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%».
Una falta evidente de recursos públicos para dos instituciones que se dedican a fiscalizar a los poderes públicos en Cataluña, en una autonomía que ha vivido graves casos relacionados con la corrupción y que han afectado principalmente a Convergència i Unió y a los socialistas catalanes.
La sombra alargada de la corrupción de CDC
Casos como el caso Palau, el caso del 3% de CDC o el caso Pujol –todos estrechamente vinculados al poder nacionalista en Cataluña durante más de 40 años– se han sucedido en la Cataluña autonómica. El más sonado es el del expresidente catalán, que afecta tanto al matrimonio Pujol-Ferrussola como a sus siete hijos.
El expresidente catalán confesó en julio de 2014 que la familia disponía de un dinero oculto en Andorra, aunque lo atribuyó a una herencia de su padre, Florenci Pujol, posición que mantiene a las puertas del juicio. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exmandatario catalán, de 91 años de edad, un total de nueve de condena por asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La Fiscalía defiende que los Pujol mantuvieron su presunta actividad delictiva hasta 1991, donde manejaron una «ingente cantidad de dinero» ocultada en Andorra , fruto del «favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración».