José Manuel Maza: cuando el fiscal general ejerce de fiscal general
Hemos tenido un fiscal general que ha sido fiscal general, al servicio de los mandatos constitucionales de defensa de la legalidad, de los derechos y libertades
Fiscal general ejerciendo de fiscal general. Habíamos coincidido en varias ocasiones con motivo de conmemoraciones o entrega de premios, pero no tuve trato personal con el fiscal José Manuel Maza y sólo cruzamos algunas frases acerca del evento que nos hacía coincidir además del genérico: “vaya tiempos que nos han tocado vivir”, en referencia a Cataluña.
Por el contrario, sí que mantengo estrecha relación profesional y, también, de amistad, con personas que han trabajado con él durante años, que lamentan su pérdida no sólo por lo complicado del momento, sino por todo lo que su personalidad aportaba en tiempos difíciles. Su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado lo ha dado a conocer al gran público, sobre todo por haber tenido que hacer frente al mayor reto a que se ha enfrentado la democracia española desde 1978.
Como suele suceder con las personas que tienen criterio propio y bien fundado, ha sido alabado y criticado por doquier. Pocos relacionan su independencia de criterio con algo que yo creo que ha sido esencial en su trayectoria, que es el hecho de provenir de la judicatura, de haber sido durante años magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo.
Los jueces, desde Montesquieu, constituyen, por la independencia e imparcialidad que tienen legalmente garantizadas y pese a que muchos intereses e interesados pretenden hacernos creer lo contrario, el bastión del Estado de Derecho, al constituir ellos el control efectivo sobre gobierno y administración.
Porque sin su presencia, sin su juicio, sin su conocimiento técnico, sin su independencia en suma, unida a la exigencia de imparcialidad respecto de los intereses en juego en cada juicio concreto, desaparecerían todas las garantías frente a la arbitrariedad que quedaron enterradas desde que el pensamiento ilustrado y la consolidación de la democracia se fueron imponiendo al ancien régime.
Que el fiscal Maza hubiera tenido esa experiencia, además del excelente talante personal y profesional que todos sus colegas le reconocen, tanto en la judicadura como en la fiscalía, ha sido importante para comprender lo que, en pura lógica política, no era comprensible.
Hemos tenido un fiscal general que ha sido fiscal general, al servicio de los mandatos constitucionales de defensa de la legalidad, de los derechos y libertades de la ciudadanía, del interés público tutelado por la ley y la independencia de los tribunales, procurando ante éstos el interés social.
Maza fue juez y eso se debe tener en cuenta, porque los jueces son el bastión del Estado de Derecho
Por eso, a veces, sus decisiones no “gustaban”, especialmente a los políticos, a determinados políticos. Por eso, muchos conteníamos la respiración antes de saber cómo opinaba en derecho, porque su opinión era, como tenía que ser, fundada, es decir argumentada. Podía “gustar” o “no gustar” en cuanto al “resultado”, pero no defraudaba en cuanto al fundamento, que es lo que el Estado de Derecho exige a los integrantes del poder judicial, incluidos los fiscales, en todos los estados democráticos.
Alabanzas
Afortunadamente no hicieron mella en su razonado modo de argumentar postulados muy en boga entre ciertos penalistas, que pretenden circunscribir el derecho penal a criterios de oportunidad política, como si se pudiera retorcer la ley, como si los procedimientos interpretativos pudieran utilizarse a conveniencia y como si tuvieran que ser las masas (ciertas masas) las que dictaminaran el sentido de los autos, sentencias y demás resoluciones.
El hecho de que las tres organizaciones de fiscales, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales hayan constatado, al unísono, la condición de gran jurista y hombre bueno del fiscal Maza, afirmando además que ha sido “un hombre que ha entregado a la justicia lo mejor de sí mismo”, explicita el alto aprecio personal y el gran respeto profesional que todos ellos le reconocen, unánimemente.
A los políticos podía o no gustar las actuaciones de Maza, pero siempre estuvieron fundamentadas
Ahora, interinamente, se ha hecho cargo de la Fiscalía General del Estado Luís Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, quien ha trabajado directamente con Maza y las fiscalías ubicadas en Cataluña durante los últimos tiempos, por lo que se espera una continuidad en la estrategia procesal iniciada por Maza.
El Gobierno, al amparo del artículo 124.4 de la Constitución, tras “oir” (es decir, consulta no vinculante) al Consejo General del Poder Judicial, propondrá al rey el nombramiento de un nuevo Fiscal General del Estado por un período de cuatro años no renovables excepto si hubiera estado en el cargo menos de dos. El cambio de Gobierno que se pudiera producir originaría también el cese del fiscal general que estuviera en activo en esos momentos.
Se trata de un nombramiento siempre importante, no sólo en las actuales circunstancias, porque el ministerio fiscal es una institución en la que todos sus componentes actúan al unísono, bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujetos también a los de legalidad e imparcialidad.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige que la elección recaiga sobre un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia profesional y que, una vez recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial pero antes del nombramiento, el Gobierno traslade la propuesta al Congreso de los Diputados para que, en una comparecencia, se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto, sin que se disponga que la opinión que pueda expresar la Cámara sea vinculante.
Con unidad de acción, la fiscalía promoverá la acción de la justicia como dispone la Constitución
Este es el “escenario” que nos vamos a encontrar en los próximos días o semanas. No creo que el Gobierno demore mucho tiempo el nombramiento. Deberá, eso sí, valorar especialmente la propuesta, pues además de la vorágine de acontecimientos en los que normalmente la fiscalía está involucrada, pesará en ello lo que deriva de la acción jurisdiccional originada por la actuación del secesionismo en Cataluña.
Además de los asuntos corrientes, todos los procedimientos, ante los tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional e, incluso, ahora mismo, la justicia belga, tienen como parte a ese ministerio fiscal que, con unidad de acción, independencia e imparcialidad, pero con dependencia jerárquica, promoverá la acción de la justicia y defenderá, como no puede ser otra cosa, el interés público tutelado por la ley. Tal como disponen, pese a quien pese, y guste o no guste, la Constitución y su estatuto orgánico.
