La nueva reducción fiscal del Gobierno andaluz enrarece las negociaciones con el PSOE

El Gobierno de Juanma Moreno y el PSOE de Juan Espadas llevan semanas enfrascados en un experimento: el de sacar adelante unos presupuestos autonómicos después de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Los dos actores principales venían asegurando que en este experimento inédito (si se obvia el Gobierno vasco de Patxi López y Antonio Basagoiti) no habría líneas rojas. Pero eso no es del todo así.

Populares y socialistas están de acuerdo en que hay que blindar los servicios públicos, reducir las trabas administrativas y apoyar a las empresas en una recuperación económica incipiente. ¿Qué separa entonces a Espadas y Moreno en esta versión sureña de la gran coalición que puso de moda Angela Merkel en Alemania? La respuesta a esta pregunta está en la fuerte apuesta que está haciendo el Ejecutivo autonómico y que tiene como paradigma la reforma de la ley de tributos cedidos que se ha aprobado en la tarde de este miércoles en el Parlamento autonómico y que ha servido para tensionar unas negociaciones que todavía son muy incipientes.

PP, Ciudadanos y Vox, en una muestra de pragmatismo que hace difícil pensar en un adelanto electoral, han sacado adelante un texto que impulsaron la pasada primavera y que retoca todos los impuestos gestionados por la Administración autonómica. El resultado se verá precisamente en el Presupuesto de la Junta para 2022, ya que la reducción fiscal supone una caída de ingresos que alcanza los 329 millones de euros.

La teoría del Gobierno que comparten PP y Ciudadanos en Andalucía es que ese dinero se quedará en el bolsillo de los andaluces y, por lo tanto, servirá para favorecer la actividad económica. A la postre, poniendo en práctica la teoría de la curva de Laffer, esta reducción de carga fiscal redundará en una mayor recaudación. El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha defendido antes del debate en la Cámara que con la reforma Andalucía se convertirá en “una de las regiones de Europa más atractivas para invertir”.

La comparecencia de Bendodo posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno ha servido para ilustrar hasta qué punto el debate fiscal tensiona la posible negociación con el PSOE. “Pido que el socialismo se sume, está a tiempo”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo antes de desgranar la reforma. A pesar de la defensa realizada por Bendodo y, ya en la Cámara, por el titular de Hacienda, Juan Bravo, los populares no han convencido a sus potenciales aliados para aprobar el Presupuesto de 2022. La intriga había quedado despejada por la mañana, ya que la portavoz socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz, se ha mostrado muy crítica con la norma, que considera que beneficia a las familias más pudientes y olvida a las más “vulnerables”.

El debate en la Cámara ha seguido el guion esperado, con los socialistas negando el efecto la citada curva de Laffer – “no existe en el mundo real”, ha dicho el diputado Antonio Ramírez de Arellano, a la sazón ex consejero de Economía del último ejecutivo de Susana Díaz– y los portavoces de los partidos en el Gobierno sacando pecho por esta rebaja fiscal y anunciando nuevas rebajas. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha insistido en que su partido es uno de los padres de esta reforma y ha criticado el “coqueteo” que mantienen PP y PSOE a cuenta del Presupuesto de 2022. “No les arriendo la ganancia”, ha espetado el diputado cordobés.

La polémica sobre la deducción del IRPF y las academias de idiomas

Más allá de la negativa a la ley, el PSOE ha aprovechado una campaña impulsada por el PP para cargar contra la proposición de ley que se ha aprobado esta tarde. A última hora del martes, las redes sociales de los populares andaluces se llenaron con carteles protagonizados por Juanma Moreno y con ejemplos prácticos de lo que supondrá la nueva norma una vez entre en vigor. Uno de ellos recuperaba una deducción en el IRPF para las familias que apunten a sus hijos en academias de idiomas o relacionadas con las nuevas tecnologías.

La polémica nace del tope de ingresos que la reforma fiscal establece para beneficiarse de esta deducción, que tendrá un máximo de 108 euros. El cartel hablaba de un máximo de 80.000 euros de ingresos en una declaración conjunta, aunque el texto legislativo establece que esa cantidad es para una declaración individual, elevando el límite a 100.000 euros en caso de conjunta.

La reacción en redes sociales fue casi automática, con una sonora respuesta de las fuerzas de izquierda, desde el PSOE a los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez, pasando por Unidas Podemos. “Es complicado ser un presidente moderado y plantear medidas para familias que ganan 100.000 euros al año”, ha resumido Férriz, que se ha mostrado a favor de bajar los impuestos, pero “a las clases trabajadoras”.

Su homólogo en el PP andaluz, José Antonio Nieto, se ha defendido esgrimiendo que la propuesta de deducción no busca tanto el ahorro fiscal como favorecer que las familias andaluzas apunten a sus hijos a este tipo de academias para favorecer la enseñanza de idiomas y mejorar las competencias en materias que serán importantes, como la inteligencia artificial o la robótica. “Yo no habría puesto tope”, ha llegado a decir Nieto, que, no obstante, ha reconocido que las familias de menos renta no pueden permitirse este tipo de academias y que debe ser la Administración la que les de acceso a estas enseñanzas.

Al mismo tiempo, Nieto ha admitido que asumir esta responsabilidad supone un gasto difícil de afrontar para un Gobierno. En medio del debate, según ha podido saber Economía Digital, hay que destacar que PP, Cs y Vox tumbaron una enmienda de los socialistas a esta ley de tributos cedidos encaminada a reducir el tope de esta deducción a 25.000 euros en declaración individual y 30.000 euros en una conjunta. De las 66 propuestas que impulsó el PSOE durante la tramitación, 64 han sido rechazadas y dos de “carácter formal” han entrado en el dictamen.

¿Puede dinamitar esto el intento de acuerdo entre los socialistas y el Gobierno andaluz? Las declaraciones de los distintos portavoces no hacen pensar eso, pero sí indican que la desconfianza se mantiene entre los dos grandes partidos. Otra muestra es la queja expresada este miércoles por Ángeles Férriz, que ha lamentado que no hayan vuelto a hablar desde la primera reunión, el pasado 1 de octubre.

La política jiennense ha reclamado al Ejecutivo un calendario de reuniones y la búsqueda de un acuerdo previo a la aprobación del anteproyecto de cuentas de 2022, prevista para la última semana de octubre. Sin embargo, no ha considerado incompatible sus críticas a la ley de tributos cedidos y la negociación presupuestaria, ya que ha defendido su capacidad para hacer una oposición “contundente”, pero ser “útil”.