Multas energéticas: Sánchez roza otra chapuza constitucional como el estado de alarma

El régimen sancionador con el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer cumplir las nuevas medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural genera dudas sobre su constitucionalidad, según ha podido testar Economía Digital de diversos expertos en Derecho Constitucional y los servicios jurídicos de comunidades autónomas.

El caos generado por las posibles multas es similar a lo sucedido con las sanciones durante el estado de alarma: la base jurídica sobre la que se asienta el real decreto-ley no tiene el suficiente armazón, dado que una cosa son los mecanismos competenciales -las herramientas de las comunidades autónomas para llevarlo a cabo- y otra, la capacidad sancionadora. Con la nueva directriz estatal, las administraciones regionales tienen que generar un protocolo de sanciones dentro de un ámbito, la energía, en el que hay normas autonómicas que colisionan.

De este modo, si no cambia ni se añaden anexos a la norma tal y como está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las multas que se impongan acabarán siendo devueltas, según opinan los profesores de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra y la Universidad de Deusto, Manuel Pulido y Luis Gordillo, respectivamente.

Sin reglamento sancionador propio

El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, no incluye un régimen sancionador por sí, sino que, como explicó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su presentación, se daba por incluido «en el reglamento de sanciones técnicas de las comunidades autónomas». «El decreto-ley no contiene régimen sancionador y lo remite a un reglamento, que, a su vez, lo remite a una ley de 1992, la Ley de Industria. Ni siquiera remite a la ley, sino a un reglamento intermedio. Ése es el problema», considera el docente Gordillo, también diputado de PP+Cs en el País Vasco.

Las multas serán de hasta 60.000 euros si se consideran leves y de hasta 6 millones de euros para las graves, de acuerdo con la Ley de Industria de 1992, actualmente en vigor y que recoge sus cifras en pesetas.

«Si se utiliza el decreto-ley como base, existe una apariencia de conflicto de competencia, o un recurso de inconstitucionalidad por exceso competencial, principalmente», afirma Manuel Pulido. El problema, a sus ojos, es que esa inconstitucionalidad «alguien tiene que declararla, porque existe una apariencia de constitucionalidad de la norma hasta que no se declare lo contrario», aclara el profesor de la Universidad de Navarra. Esto es lo que obligaría a partir de la semana que viene, cuando entran en vigor las medidas, a comenzar a multar a quien incumpla.

Pero ámbitos como las instalaciones térmicas, la eficiencia energética de alumbrado público, o el alumbrado interior dependen de distintas administraciones. «Si usted no es competente no me puede imponer una norma», razona Pulido. «Es una cuestión relativa a la edificación de las normas de rango administrativo, con el reglamento de eficiencia energética, el RITE -Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios-, el de alumbrado público…».

Colisiona con competencias autonómicas

En el proceso de la sanción también aprecia lagunas el docente Pulido. Concretamente, en la «determinación de la infracción, participación y consecuencia, como en todas las sanciones. Hay que ver si esta norma, aunque esté elevada de rango, si su ámbito de aplicación está en todo tipo de comunidades, para todo tipo de rangos».

Para que entrara dentro de las capacidades sancionadoras de las comunidades autónomas, desde la Junta de Andalucía precisan en conversación con Economía Digital que se trataría de inspecciones similares a «la ITV, inspecciones de empresas o inspecciones de habilitación de técnicos». Desde la Xunta de Galicia dejan patente su desconocimiento sobre cómo llevarlo a cabo: «Lo están estudiando aún nuestros servicios jurídicos, porque es una normativa estatal que no se ha hablado con las comunidades y que estamos analizando si colisiona».

En la misma línea se pronuncian desde la Generalitat de Cataluña. Aún se encuentran estudiando la normativa «desde la perspectiva jurídica, antes de poder decidir con qué instrumento legal pueden ejecutar el control». La complicación es que diferencian entre los mecanismos competenciales para llevar la monitorización del tema, y otra la capacidad sancionadora.

Voces dentro de la Generalitat, consultadas por este periódico, alertan de que, para llevar a cabo según qué sanciones, quizás haga falta una reforma legislativa estatal. Las medidas de ahorro energético propias que llevan implantadas desde hace tiempo se llevaron a cabo mediante un acuerdo tácito en la Administración pública y en zonas comerciales y edificios de empresas a través de acuerdos bilaterales con las patronales, no por imposición legal.

Como con el estado de alarma

El hecho de no incluir reglamento al que las comunidades autónomas puedan remitirse es una «carambola», para el profesor Luis Gordillo, que, además «podría colocar el decreto en una situación de inconstitucionalidad que colisione formalmente con la Constitución».

«El Gobierno establece un régimen sancionador en blanco -sucede cuando no lo añade en esta norma, sino en un reglamento posterior-«, ahonda el experto en Derecho Constitucional. Aunque es fácilmente solventable. «Esto es así de momento, porque eso podría corregirlo el Gobierno mañana mismo. El reglamento se puede hacer en cualquier momento«, precisa Gordillo. En su opinión, lo que «probablemente suceda» es que el Congreso convalide el decreto-ley cuando retome su actividad en septiembre y en el trámite parlamentario se mejore y se añada este mecanismo.

Sin embargo, no es óbice para que, tal y como se ha llevado a cabo, se trate para Gordillo de «una chapuza jurídica considerable». «Coloca a este sistema sancionador en una más que posible vulneración de la Constitución. Puede pasar como con las multa del estado de alarma: como la base jurídica de las sanciones puede que no sea constitucional, resulta que todas las sanciones que se pongan van a ser inconstitucionales. Luego habrá que devolver las multas«. 

Problemas de forma

El profesor Manuel Pulido indica que «muchas comunidades autónomas tratarán de suavizar el reglamento, o endurecerlo, en función». También pone la mira en el hecho de que una norma de tal calibre y que estará vigente hasta noviembre de 2023 se haya edificado como un real decreto-ley, un instrumento jurídico del Gobierno reservado a casos de extraordinaria y urgente necesidad.

«Es exagerado el plazo de aplicación de decreto-ley. Sería normal si su vigencia fuera hasta la primavera, no hasta noviembre de 2023. ¿Para qué un decreto-ley, si en un año y medio [hasta la caducidad de las medidas] sí hay tiempo de legislar?», se pregunta. Él lo achaca a estar incluido en lo que en política italiana se conoce como decrettone: un texto legal que incluye cuestiones muy diversas porque no ha habido tiempo de hacerlas por separado.

En ello coincide el profesor Luis Gordillo. «Si esto se hubiera hecho como habría que hacerse se habría tramitado como proyecto de ley», insiste. ¿Qué sucede, a sus ojos? Que, «obligatoriamente», los proyectos de ley tienen que llevar «un informe del Consejo de Estado, que habría dicho que no se puede tener este régimen sancionador».

«Esto es contrario al principio de legalidad en materia sancionadora», acusa Gordillo. Si se hace a través de un decreto-ley, «el Tribunal Constitucional es muy prudente con ellos, porque les pone limitaciones para que el Gobierno no pueda legislar todo de este modo, y, en materia sancionadora, aunque se puede meter sanciones, hay que hilar muy fino».

Las CCAA, «agentes controladores»

A ello se le añade el hecho de que el real decreto-ley «coloca a las CCAA de agentes controladores», para el profesor de Deusto. Es, precisamente, la tesis que han sostenido las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y eso que el propio líder popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió hace un par de semanas medidas para limitar el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno y ahorrar en el alumbrado eléctrico nocturno, entre otras propuestas, ante eventuales cortes en el suministro a Europa por parte del régimen ruso.

El mayor ariete contra las medidas de ahorro energético ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cargó desde el primer momento y se negó a aplicarlo, aunque su gobierno ha rebajado el tono al avenirse a cumplir el decreto si no tiene otro remedio, porque, en palabras del vicepresidente, Enrique Ossorio, Madrid tiene la «mala costumbre» de cumplir las leyes y, por tanto, si tiene que cumplir el real decreto ley «en esos extremos» lo hará, aunque, mientras tanto, siguen estudiando si lo recurrirán al Tribunal Constitucional por un choque competencial.

La principal crítica que ahora hacen al Ejecutivo es que ha impuesto el plan de ahorro sin ningún tipo de consenso con las comunidades autónomas ni ayuntamientos, como se ha quejado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ayer apoyaba a Ayuso y al resto de responsables autonómicos al asegurar que tenían «libertad para decidir» si aplican o no estas medidas.

Un mensaje parecido al del Gobierno andaluz, que ha censurado «la precipitación, la improvisación y la falta de diálogo», ha señalado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha pedido adaptarlo a las diversas peculiaridades geográficas y económicas de cada zona. Es algo similar también a la queja de la Xunta de Galicia.

El País Vasco pide «flexibilidad»

Las comunidades gobernadas por el PSOE, que apoyan sin titubeos la reducción de la factura energética, ya han anunciado que estudiarán con la patronal y los sindicatos la manera «más eficaz» de aplicar estas medidas y que provoquen el menor trastorno posible, como es el caso de los Gobiernos valenciano y balear.

También «plenamente de acuerdo» con el plan de ahorro se ha mostrado el País Vasco, aunque el Gobierno del PNV ha pedido flexibilidad en la aplicación de las medidas y «escuchar» a los diferentes colectivos, y ha puesto peros al régimen de sanciones: «No son el camino», ha señalado la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.