Montoro quiere ahora prohibir por ley las amnistías fiscales
Cristóbal Montoro defiende la amnistía fiscal aprobada en 2012 argumentando que el patrimonio declarado en el exterior se ha incrementado
Sorpresa en la comparecencia de Cristóbal Montoro en el Congreso. El ministro de hacienda ha propuesto a los grupos de la oposición modificar la ley general tributaria para prohibir expresamente que se puedan aprobar en el futuro nuevas amnistías fiscales. Precisamente el ministro ha comparecido este miércoles para ofrecer explicaciones sobre la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó en 2012 y que el Tribunal Constitucional (TC) tumbó hace dos semanas.
Aún con todo, Montoro defiende su gestión. El ministro ha señalado que el patrimonio declarado en el exterior se ha incrementado entre 2007 y 2015 un 78,6%, al pasar de 61.182 a 109.278 millones de euros. Si a este patrimonio se suma el de los acogidos a la amnistía fiscal, los bienes aflorados casi se han duplicado y han pasado de 23.892 millones de euros en 2007 a 46.025 millones en 2015, un 92,64% más.
Montoro defiende la amnistía fiscal a pesar de la suspensión del TC
Sin embargo, para Montoro «se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie», después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado nula la amnistía aprobada en 2012. El titular de Hacienda ha añadido que de haber seguido, esta normativa hubiese quedado obsoleta. Esta afirmación se basa en el nuevo contexto en materia de transparencia internacional para 2018, cuando entrará en vigor el intercambio automático de información fiscal en un gran número de países, «entre ellos, algunos considerados paraísos fiscales».
El titular de Hacienda ha incidido en el compromiso del Gobierno de seguir luchando contra el fraude fiscal y ha anunciado que está preparando, junto con la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año, una medida extraordinaria para aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT). Con todo, el ministro ha mostrado la «mejor disposición» de llevar al parlamento el mecanismo legal que sea más efectivo para que se pueda implementar lo más rápido posible.