Montero exige a los jueces que se formen en perspectiva de género

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha exigido a los jueces que se formen en perspectiva de género para aplicar «correctamente» las leyes a lo largo de su intervención en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Debemos garantizar formación para velar porque los profesionales de los sistemas de justicia manejen los casos de una manera sensible al género», ha emplazado la titular de igualdad haciendo referencia a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) a España en un informe sobre esta materia.

Y ha insistido: «Es nuestra obligación garantizar que los profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes».

Erradicación de la violencia machista

“La violencia machista en todas sus formas es una brecha de desigualdad que produce un enorme daño a la mitad de la población, que somos las mujeres, también a la sociedad en su conjunto, y por tanto a nuestra democracia”, ha asegurado.

«Nuestro país es desde hace décadas un referente internacional en la lucha contra la violencia de género», ha destacado para luego añadir: «En los últimos años hemos avanzado de forma decidida en la implementación de políticas públicas y cambios normativos que nos permiten garantizar los derechos de las mujeres y también de la infancia, que sufren la violencia machista».

En esta línea, ha sacado pecho de que el movimiento feminista haya logrado «situar en el centro de la agenda pública» todos los cambios que, a su juicio, es necesario «acometer». Y ha dejado bien claro: «Es más importante que nunca profundizar en el camino para hacer de nuestro Estado, un Estado feminista».

Así, ha tildado de «cuestión de Estado» la erradicación de todas las formas de violencia machista. Por ello, ha hecho hincapié en la «obligación de todos los poderes del Estado y administraciones» para desplegar toda la «fuerza y eficacia para sensibilizar, detectar precozmente la violencia, ofrecer a las víctimas la garantía de todos sus derechos y evitar la impunidad de los agresores».

«Todas las mujeres deben saber que las instituciones de su país son un lugar seguro para ellas, una puerta de entrada segura para denunciar las violencias sufridas, para ser creídas y para acceder a la garantía plena de todos sus derechos, para poder desarrollar sus proyectos de vida, vivir vidas plenas y sobre todo, libres de violencias», ha manifestado.

Tras subrayar que el impulso del movimiento feminista ha permitido «transformar de forma sólida» las instituciones del país, ha querido lanzar un agradecimiento a las mujeres feministas de diversos ámbitos. Sin embargo, se ha referido de forma particular a las del sistema judicial, puesto que, según ha indicado: «Han abierto camino enfrentándose a sesgos y estructuras patriarcales que se resisten a avances en igualdad».

«Es fundamental reforzar sensibilidad, detección, la atención integral y la reparación a mujeres víctimas», ha insistido, a la vez, que ha emplazado a «garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y evitar que los estereotipos y sesgos machistas comprometan la imparcialidad e integridad del sistema de judicial».

«Las normas que estamos impulsando conforman un edificio jurídico cada vez más sólido para protección derechos humanos de las mujeres y niños frente a violencia machista», ha asegurado. No obstante, ha remarcado la importancia de que tanto los poderes del Estado y las administraciones, como la sociedad civil caminen «juntos». Y, en este sentido, ha destacado «el importante rol de la Fiscalía para la aplicación efectiva de las normas».