Montero abre una nueva guerra en el feminismo con la prostitución
Más de un centenar de colectivos recogen firmas para pedir a la ministra que no estigmatice al colectivo trans ni a las trabajadoras sexuales.
Irene Montero sale a enfrentamiento por ley que propone. Tras la ‘Ley Trans’ y la Ley de Libertades Sexuales, en fases de estudio por distintos ministerios, Igualdad ya trabaja para elaborar una ley integral contra la trata de personas. Abolicionista declarada, Montero es consciente de que esta norma abre el debate histórico entre los numerosos colectivos de mujeres, algunos ya en pie de guerra, sobre regular o prohibir la prostitución.
El año pasado sobre estas fechas, la ministra dejó claro que la ley tiene como objetivo la «abolición de la prostitución». «Soy abolicionista y el ministerio lo tiene en su horizonte”, comentó en declaraciones a RNE. Sin embargo, el acuerdo de Gobierno de coalición plantea una norma contra la trata, pero no la abolición de la prostitución.
En dicho texto simplemente se habla de «erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual» y una ley integral «que incorpore medidas de prevención y persecución» contra las redes de tráfico de mujeres y niñas que son «obligadas a ejercer la prostitución» en España.
Lo que sí ha confirmado es que el Ejecutivo sí está por la labor de actuar contra los explotadores y contra los usuarios. Por lo tanto, una cosa son los deseos de la titular de Igualdad y otra lo que acabará haciendo en el seno del Gobierno en materia de prostitución. Los objetivos socialistas son más descafeinados que los que busca Podemos con esta norma, por lo que ya empieza a haber incomodidad entre unos sectores y otros, con el texto todavía en pañales.
Montero da un paso atrás
Para quien no está pasando desapercibida es para los 109 colectivos feministas que han clamado contra Montero recogiendo más de 900 firmas. Estos colectivos feministas muestran su enfado contra las tres leyes citadas anteriormente que prepara la ministra de Podemos asegurando que estigmatizan a las personas trans y a las trabajadoras sexuales. Su manifiesto va totalmente en contra de la línea abolicionista de Montero y piden que la ministra les atienda antes de aprobar leyes «unilateralmente».
Ante esta situación y las llamadas al Ministerio de Igualdad, Montero echa el freno y anunció esta semana que la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género impulsará un diagnóstico sobre estos fenómenos, especialmente de mujeres, ante de elaborar cualquier norma.
También informan que analizará aquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad, y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados para reforzar la persecución de los delitos de trata y de seres humanos y garantizar la mejora de la atención, la protección y la recuperación de sus víctimas.
¿Abolir o regular la prostitución?
La norma de Montero todavía suscita silencio porque sigue en fase de construcción en el Ministerio. Sólo algún ministerio socialista está pendiente para que consiga, finalmente, un encaje legal adecuado. Sin embargo, el debate histórico sobre si abolir o regular la prostitución ya saltó el año pasado de los colectivos feministas al Congreso de los Diputados, donde se vio, en muchos partidos, falta de tener los conceptos claros y, en general, falta de consenso ante la pregunta.
Ciudadanos es el único partido que se confesó abiertamente regulacionista -es decir, defiende que la prostitución es un trabajo y promueve regular la forma en la que se lleva a cabo. «En Cs tenemos el compromiso firme de combatir a las mafias y erradicar la trata y la explotación sexual. Pero también somos conscientes de que la prostitución no va a desaparecer», explica la diputada Sara Giménez.
Lo que solicitan los naranjas es poder regular la prostitución «como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza» ya que «protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias», recalcan.
En el PSOE, sin embargo, muchos guardan silencio, mientras que la responsable de Igualdad, Laura Berja, se muestra del lado de Montero y considera que «la prostitución es el escaparate de la trata». «La prostitución es una forma de explotación sexual porque se aprovecha muchas veces de la situación de extrema pobreza», destacan.
El Partido Popular tampoco ha cambiado su postura al respecto y recalcan que para los grandes debates y cuestiones a afrontar es conveniente un Pacto de Estado. Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Partido Popular, defiende a su formación, «como impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género».
«Somos partidarios de luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de explotación sexual», señala la diputada que sostiene: «La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre«.
Por último, el programa electoral de Vox deja claro que respaldan la «prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos».
