Moncloa frena la ley audiovisual y aplaza el traspaso de los MIR
El Govern arranca la ampliación del Prat pero no consigue el traspaso de las consideradas "líneas rojas" para el independentismo
El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza las dos principales propuestas del Govern para la comisión bilateral, como ya avanzó Economía Digital en exclusiva. Moncloa se niega a modificar el anteproyecto de la ley audiovisual para minar el castellano e introducir una mayor «cuota lingüística» en favor del catalán en las plataformas. Asimismo, aplaza la gestión de los médicos internos residentes (MIR) a otra reunión en octubre.
El independentismo calificó como «línea roja» su propuesta de modificar el anteproyecto de la ley audiovisual que pretende aprobar el Gobierno. Tal y como publicó ED, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, está dispuesta a ir a Bruselas si el Ejecutivo no introdujese su propuesta para, según ella, «proteger el catalán». Lo que supone minar el castellano respecto al resto de lenguas.
La propuesta de ERC en la medida del Ejecutivo pasa por mantener una cuota del 50% para producciones europeas y, dentro de este 50%, un 30% reservado a «lenguas cooficiales diferentes del castellano». «Plantaremos cara. Es una línea roja«, destacó Vilagrá.
Sin embargo, el Govern salió de la reunión este lunes con la ampliación del Prat, pero sin ninguna de las 56 exigencias propuestas. «Seguiremos insistiendo en posteriores reuniones», destacó la dirigente de ERC en rueda de prensa.
Sánchez descarta la gestión de los MIR
Fuentes gubernamentales consultadas por ED rechazan revisar la ley audiovisual para introducir los requisitos exigidos por el separatismo. Asimismo, también descartan traspasar la gestión de los médicos internos residentes (MIR) pero, a cambio, darán más dinero para inversiones a la sanidad catalana.
Se trata de un reivindicación histórica que el presidente del Gobierno ya descartó otorgar al expresident Quim Torra. Entre las exigencias del Govern actual se encuentra, además, que esta transferencia se cumpla «en el corto plazo», según informan fuentes de la Generalitat. Una propuesta que no está «a corto plazo» entre las prioridades de Pedro Sánchez, aunque en Moncloa no descartan su concesión en el largo plazo.
La norma catalana ya recoge que la Generalitat tiene competencias compartidas en cuanto a la acreditación y evaluación de los centros docentes, la planificación de la oferta de plazas o la elaboración de las convocatorias. Sin embargo, en la práctica, la Generalitat se limita a hacer una previsión de las plazas que requieren cada centro y la última palabra la tiene el Ministerio.
El Gobierno sigue en la misma línea que cuando negoció con Torra y a cambio de no realizar esta transferencia en el corto plazo, Moncloa ofrecerá una mejora en la financiación del sistema sanitario catalán, según pudo saber ED.
Sin embargo, a Aragonés le ha salido un aliado inesperado llamado Unidas Podemos. Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez apoyarán otorgar esta transferencia a Cataluña porque así viene reflejado en el acuerdo del Gobierno de coalición.
El apartado 9.4 del pacto de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos incluyeron el compromiso de traspasar a la Generalitat “aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional”. Toda una reivindicación de los Comunes presididos por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La petición también genera dudas entre los profesionales sanitarios y las organizaciones del sector ya que no se especifica en ninguna parte cómo se ejecutaría y cómo se modificaría el sistema actual. Ya el año pasado, el Sindicato de Médicos Catalán (Simecat) cuestionó su viabilidad.
La Generalitat, esta vez con Pere Aragonés a la cabeza, pretende abrir lo que para muchos consideran la «caja de los truenos» con el Gobierno de Pedro Sánchez. El sector médico catalán espera la llamada de ambos ejecutivos para ver cómo, finalmente, se concreta esta posible transferencia. Aunque desde Moncloa insistirán en dar financiación a cambio de no permitir este traspaso.