¿155 en Castilla y León? Moncloa cree que hay acuerdo escrito entre Mañueco y Vox sobre el aborto

Conflicto de competencia. Son las palabras que más se repiten en las últimas horas en Moncloa y la clave de bóveda que explica sus últimos movimientos con la polémica del aborto. A sus ojos, es lo que sucede y por lo que ha decidido no sólo tomar el camino contencioso con el requerimiento que envió a la Junta de Castilla y León para que se abstuviera de «vulnerar la legalidad vigente sobre los derechos de las mujeres», pero también abrir la vía constitucional, al entender que el Gobierno autonómico «carece de competencias para añadir nuevos requisitos a una ley estatal».

Todo, claro, partiendo de la base que existe un acuerdo al que se llegó en el seno del Consejo de Gobierno castellanoleonés de modificar los protocolos existentes a la hora de llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo , algo que el presidente autonómico, el popular Alfonso Fernández Mañueco, niega, pero que sí promulga su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox.

Ese texto, sobre el que se cimentaría el comunicado de prensa que propició el anuncio de las «nuevas dotaciones» ante los medios de comunicación por parte de García-Gallardo y el consejero autonómico de Sanidad, de cuota PP, es lo que busca Moncloa. Porque, según fuentes del Gobierno, están convencidos de que existe. Es por ello que exigen «información oficial y fidedigna».

«Algo han aprobado»

Fuentes de Moncloa insisten que es el momento de que el Gobierno de la comunidad responda «negro sobre blanco» sobre qué ha pasado. «Las deliberaciones [del Consejo de Gobierno] son secretas, pero no los acuerdos», recuerdan. Y por eso admiten que están poniendo toda la carne en el asador para que «salga algo, porque algo han aprobado».

Es un paso más allá de lo que admitió este martes la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «En estos requerimientos lo queremos saber es el protocolo, la instrucción o las medidas que se quieren poner en marcha, porque las desconocemos. Queremos saber, y la opinión pública también, a qué se van a atener. Cuáles van a ser esas medidas y si van a ser obligatorias o no. Por tanto, lo que procede es una contestación formal».

La intervención de las competencias, improbable

La ministra insistió en que el Gobierno no podía esperar más a que el Gobierno de la Junta de Castilla y León respondiera a sus peticiones porque las mujeres de esta comunidad que vayan a abortar «no deben tener miedo a hacerlo» y la ley es igual en toda España.

De todos modos, miembros del gabinete, en privado, subrayan que la intervención de las competencias de la comunidad autónoma en virtud del artículo 155 de la Constitución no es algo que esté sobre la mesa, aunque en Podemos el lunes si se planteó activar este mecanismo. Aunque su carácter excepcional y su impacto hacen que sea la última opción a plantear aunque se haya dado el primer paso -el envío del requerimiento-. Eso sí, admiten en Moncloa que «no es lo mismo» que el referéndum del 1-O, que sí acabó con la intervención por parte del Estado de las competencias autonómicas de Cataluña.