Más de 30.000 millones aún en el cajón: el Gobierno deja sin uso el 85% de los PERTE
Estos números no son ajenos para el Gobierno. Desde Industria admiten que es "necesario reducir los tiempos de tramitación" y "agilizar" la movilización de los fondos comprometidos para los PERTE
De los desembolsos de los fondos europeos que ya ha recibido España, aún hay cerca de 30.200 millones de euros sin llegar a destino. Según los últimos datos de ejecución de los PERTE del mes de diciembre obtenidos de resoluciones de las convocatorias de los Ministerios, empresas y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consultados por Economía Digital, el gasto comprometido asciende a 5.354’50 millones de euros, sin que implique que estos fondos hayan penetrado en el tejido industrial.
La distribución es desigual, según el PERTE que se observe. El más desarrollado y el que tiene un mayor porcentaje de fondos públicos comprometidos y ejecutados es el PERTE Aeroespacial, seguido, muy de lejos, por el de Salud de Vanguardia. El pódium lo completa el PERTE del vehículo eléctrico, que sólo ha comprometido 1 de cada tres euros dispuestos para ello.
Pero también hay algunos que ni siquiera han arrancado o lo han hecho de manera muy leve, como es el caso de los de Descarbonización de la Industria, el de Microelectrónica o el de Economía Circular, al 0%, a pesar de haber sido aprobados a lo largo del año 2022. El total de fondos públicos destinados al conjunto de los PERTE asciende a 35.556’84 millones de euros.
No avanza la ejecución a buen ritmo
De este análisis se deduce que, mayoritariamente, los PERTE no avanzan al ritmo necesario en su ejecución. Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso señalan que «es necesario adaptar los plazos y sus inversiones asociadas a la realidad y el contexto económico actual».
«La incertidumbre y los altos precios de la energía y materias primas inciden en las posibilidades de inversión de las empresas, que necesitan adaptar los plazos de inversiones a previsiones realistas que garanticen la rentabilidad de los proyectos«, insisten desde el área económica del PP en la Cámara Baja a Economía Digital.
Para los populares, «no hay coartadas para el Gobierno que puedan atenuar su incapacidad en la gestión de los PERTE». Remarcan las fuentes consultadas que se lanzaron «hasta 32 manifestaciones de interés» para conocer los grandes proyectos transformadores en los que estaba trabajando el sector privado para estructurar los PERTE, «siendo incapaces de diseñarlos y adaptarlos a la realidad de los sectores industriales de nuestro país». «Sólo la Manifestación de Interés (MDI) de la Dirección General de Industria recibió más de 750 proyectos», alegan.
Moncloa hace «un llamamiento a las CCAA» para agilizar
Estos números no son ajenos para el Gobierno. Esta misma semana, la ministra saliente de Industria y Turismo, Reyes Maroto, aprovechó su despedida de la sala de prensa de Moncloa -concurre como candidata del PSOE a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, por lo que abandona el Consejo de Ministros- para hacer un repaso con los informes de ejecución de los PERTE que dependen de su cartera. Son cuatro: el del vehículo eléctrico, el de industria agroalimentaria, el naval y el de descarbonización industrial.
Maroto puso especial énfasis en el relativo al vehículo eléctrico, que fue en cierta manera fundacional al ser el primero que aprobó el Gobierno y se estableció como «ejemplo de la oportunidad que suponían los Fondos de Recuperación». «Queríamos liderar la electromovilidad y estamos sentando ya las bases para que en España se desarrolle un ecosistema afín». A su parecer, este PERTE ha sido y es «un instrumento fundamental, un foco de atracción de nuevas inversiones, como la gigafactoría de Sagunto», presumió.
Pero no fue ajena a los problemas que Economía Digital y los sectores afectados han venido denunciando: la complicación a la hora de que los fondos penetren en los tejidos industriales de manera tangible. Así, Reyes Maroto aprovechó su última alocución en Moncloa para hacer «un llamamiento a las comunidades autónomas para agilizar». «Es necesario reducir los tiempos de tramitación», admitió.