Millet entra en la Audiencia cinco años después del expolio del Palau
La justicia sienta en el banquillo de los acusados al ex patrono por presuntas irregularidades en el proyecto fracasado de construir un hotel de lujo
Fèlix Millet ya se sienta en el banquillo de los acusados. El ex patrono del Palau de la Música ha acudido sobre las nueve de la mañana a la Audiencia de Barcelona para asistir al primer día de juicio por presuntas irregularidades en el proyecto fracasado de construir un hotel de lujo al lado de la emblemática institución. Este juicio es una antesala de lo que será el caso Palau, donde se dirimirá la culpa del expolio de la entidad cultural y la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Millet ha llegado acompañado de su abogado Horacio Oliva. Minutos más tarde, ha hecho acto de presencia su mano derecha, Jordi Montull, junto a su letrado Jordi Pina. En las puertas del Palacio de la Justicia se han agolpado decenas de medios de comunicación. Ambos imputados han entrado sin apenas dirigirse a la prensa. “Estoy bien”, es todo lo que ha dicho Millet.
Cargos del PSC
El caso del Hotel del Palau es una trama derivada de la investigación que se inició en 2009 con la irrupción de los Mossos en la sede del Palau de la Música. Ambos ex patronos de la entidad cultural, a los que la Fiscalía pide 10 años de prisión, responden ante la justicia por presunto tráfico de influencias en una operación urbanística. La red salpica también al PSC. La antigua cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona se encuentra en el epicentro del caso.
Entre ellos, destaca el exteniente de alcalde Ramon García Bragado, que afronta una petición fiscal de cuatro años y siete meses de prisión por haber sucumbido supuestamente a las presiones de Millet para sacar adelante el proyecto del hotel.
Trama
El fiscal cree que Millet y Montull aprovecharon «de manera especial e intensa el prestigio, el reconocimiento y la estimación que tenía la Fundació Orféo-Palau de la Música Catalana», para conseguir que la Generalitat y el Ayuntamiento colaborasen con la operación urbanística firmando convenios, informes, agilizando trámites y dictando diversas resoluciones.
«Buscaban en aquella operación conseguir un importante beneficio económico personal en diversos momentos de su tramitación», concluyó la Fiscalía en su escrito de calificación al cierre de la instrucción.
