“El Gobierno será cómplice de la Generalitat si justifica el aval del ICF”

Miguel Ángel Paniagua (Palencia, 1964) es portavoz del PP en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y ha estado muy pendiente de las decisiones de este órgano respecto a los ex cargos del Govern y la reacción de la Generalitat a unas multas millonarias que ni los indultos han podido evitar. 

De momento, la maniobra de Aragonès para convertir en avalista de los cargos condenados al Institut Català de Finances aún no ha tenido respuesta por parte del Gobierno central, pero en el PP ya temen que “mire para otro lado”. 

De hecho, Paniagua asume que el Ejecutivo de Sánchez se convertirá, de nuevo, en “cómplice” de la Generalitat y buscará fundamento jurídico para no intervenir contra un fondo público destinado a pagar unas multas privadas. 

Pregunta.-¿Qué balance hace de lo vivido en las últimas semanas desde que se conocieron las multas a los condenados del procés? 
 
Respuesta.- Hay dos los puntos de vista que tenemos que valorar. Por un lado, que las instituciones hacen su trabajo y cumplen con sus deberes constitucionales. Y, por el otro, que tenemos un Gobierno que cuando no satisface sus necesidades, o no se apoya su estrategia política, pues arremete contra todas las instituciones del Estado.  

Ha ocurrido esta semana con la actividad del Tribunal de Cuentas, pero también con el Tribunal Constitucional tras la sentencia contra el estado de alarma, o anteriormente con el Tribunal Supremo.

P.- La reacción del Gobierno fue criticar las multas del Tribunal de Cuentas. La de la Generalitat, crear un fondo público que no quiso avalar ningún banco. ¿Cómo interpreta esa negativa por parte de las entidades financieras? 
 
R.- Esa negativa se produce, seguramente, porque valoraban la posible ilegalidad del de cara al Tribunal de Cuentas. Hay una responsabilidad contable de una serie de personas que estuvieron en la Generalitat en esos años del procés, y la responsabilidad que ellos tienen frente al Tribunal de Cuentas es una responsabilidad personal.  

Si usaron fondos públicos para fines no adecuados, no parece que tenga mucho sentido que la propia entidad tenga que hacerse cargo al final de esas multas. 

Parece otra nueva malversación, una nueva responsabilidad contable por parte de las personas que están dirigiendo ahora la Generalitat y organizando estos avales. Los bancos lo han visto y han preferido no meterse en un lío que no tiene mucho sentido.

P.- ¿Considera, entonces, que tanto la Generalitat como el Institut Català de Finances, convertido finalmente en avalista, podrían enfrentarse a un delito de malversación de dinero público? 
 
R.- Parece lógico, a mí me parece bastante obvio. No tanto por el aval en sí, ya que si los avales no tienen que aplicarse, tampoco supone ninguna salida de fondos del Estado ni de la Comunidad Autónoma. Si al final el aval tiene que ser ejecutado, la Generalitat estaría pagando sanciones privadas de personas privadas, lo cual es una clara malversación. 

P.- ¿Aceptará el Tribunal de Cuentas esos avales? 
 
R.- Yo creo que no. El Tribunal de Cuentas lo que debe valorar en un principio es la garantía del cobro de esas partidas. Después, quizá haya que iniciar otro proceso que valore la idoneidad o no de esos avales por parte del ICF.  

Puede aceptarlos en primera instancia, e iniciar después un segundo proceso contra el ICF y los impulsores del decreto que creó el fondo público.

P.- ¿Podría entonces el Tribunal de Cuentas ejecutar esos avales y luego actuar contra sus impulsores? 

R.- Claro. Al final los avales lo que aportan es una garantía para que en caso de que al final los imputados por responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas tengan que hacer frente la sentencia firme y se tenga que ejecutar, pueda haber un sitio donde tirar para poder cobrar esa sanción.  

P.- ¿Cómo cree que va a pronunciarse el Consell de Garanties Estatutaries sobre el fondo creado por la Generalitat? 

R.- Lo que debemos esperar es que los órganos y las instituciones cumplan con la legislación y con la ley. No puedo esperar otra cosa. Otro tema diferente es lo que hemos visto en algunos casos, y en algunas instituciones catalanas, donde esto no siempre se ha cumplido.  

Pero bueno, yo creo que debemos esperar que todas las decisiones se ajusten a la legalidad. Y si no es así, estaremos pendientes para poder exigir responsabilidades adecuadas ante los tribunales de justicia. 

P.- ¿Ha presentado ya el PP recurso contra el fondo de la Generalitat? 
 
R.- No lo puedo confirmar, pero seguramente no, porque seguramente estaremos esperando a ver si el Tribunal de Cuentas lo acepta o no. Hay que esperar a ver si ese aval es efectivo y tenga unas consecuencias. 

P.- Como portavoz de la Comisión de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, ¿cómo cree que queda la institución después de toda esta polémica? 
 
R.- Las instituciones al final quedan tocadas de cara a los ciudadanos. Cuando otras instituciones del Estado y otros poderes del Estado acosan, amenazan o insultan a las instituciones, éstas quedan muy tocadas.  

Cuando otras instituciones del Estado y otros poderes del Estado acosan, amenazan o insultan a las instituciones, éstas quedan muy tocadas

Eso es muy negativo para nuestra democracia, y más en un momento como el actual, que han expirado los mandatos de los cargos del Tribunal de Cuentas y está pendiente su renovación. Pese a ello, yo veo al Tribunal de Cuentas muy firme y creo que no les va a afectar en absoluto nada.  

Lo que sí afecta es la imagen de cara a los ciudadanos o a la percepción que tienen los ciudadanos de nuestra democracia, de nuestro sistema y de las instituciones del Estado. Hay una percepción por parte de los ciudadanos de que hay algunas instituciones del Estado que no están cumpliendo con su labor. Y esto es muy negativo en estos momentos.  

Lo que deberíamos hacer es apoyar al resto instituciones y colaborar para que los ciudadanos tengan confianza en este Estado y en nuestras instituciones. Y claro, cuando desde el Poder Ejecutivo se ataca directamente a una institución, pues no colabora nada en esa labor, que es responsabilidad de todos. 
 
P.- ¿Va a entrar la renovación del Tribunal de Cuentas en las negociaciones para desbloquear el resto de órganos constitucionales? 
 
R.- Sí. Lo lógico es que todas las instituciones se renuevan si se llega a un acuerdo, si el Gobierno cambia su postura y quiere de verdad llegar a un acuerdo con la oposición. Porque, además, en este caso es que lo necesita, ya que las mayorías cualificadas que se exigen para la renovación de estos órganos necesitan de los acuerdos con la oposición. 

No entendemos muy bien por qué el Gobierno sigue enquistando la negociación y la resolución de estos problemas. Si se consigue un acuerdo para uno de estos órganos, lo lógico es que se negocie para renovar todos a la vez.  

También hay que tener en cuenta que, en el Tribunal de Cuentas, la aprobación de los cargos históricamente tampoco se ha producido de forma inmediata.  

P.- Como portavoz adjunto de la Comisión de Presupuestos y vocal de la de Hacienda, quería preguntarle también por la armonización fiscal que pretende impulsar el Gobierno como guiño a Cataluña. ¿Es constitucional? 

R.- Es algo que debe valorar el Tribunal Constitucional. Nosotros pensamos que no lo es, pero al final lo que lo que aparece aquí, con todo este movimiento, son dos cosas.  

Por un lado, cuando la Administración, y la ministra Montero, hablan de armonización fiscal, lo que están pensando es en subir los impuestos, porque es lo que el Gobierno ha impulsado desde que desde que llegó a Moncloa.  

Y, en segundo lugar, lo que está destapando es la mala gestión de otras comunidades autónomas, que lo que quieren con este proceso de armonización es evitar que se vea ese fracaso en su política fiscal.   

En el tema de Cataluña, se usa esa armonización para atacar a Madrid, porque al final el independentismo, cuando habla de España, se refiere a Madrid para hablar del centralismo y de todos estos conceptos que les ayudan en su proceso de su convencimiento a la población catalana de que están infrafinanciados y que “España les roba”. 

P.- ¿Qué opina de la llamada ‘España multinivel’ que está impulsando el Gobierno para dar un mayor encaje en el autogobierno de Cataluña?  

R.- El Partido Socialista, siempre con sus palabros, con sus conceptos que nunca sabemos exactamente qué quieren decir. Empezaron con el federalismo asimétrico, y ahora con esto.  

Son conceptos que nunca nos acaban de explicar. Los emplean como una justificación a todo lo que vayan a hacer, a todas las decisiones y a todos los acuerdos que vayan a llegar con la Generalitat, pero no sabemos qué consecuencias van a tener.

Cuando sean capaces de explicarnos en qué consiste ese “multinivel”, podremos valorar si es una solución positiva para el Estado.  

P.- Parece otra “solución política” al “conflicto catalán”. El Gobierno ha apostado por esa vía y por la “desjudicialización”. ¿Cree que será suficiente? 

R.- Pues no. Ya lo hemos visto a raíz de la de la concesión de los indultos. Al final, el Gobierno alimenta el propio proceso independentista. Salen más envalentonados y más fuertes.  

Yo no creo que sea nada positivo en la resolución de estos problemas entre el Estado y Cataluña. Al revés: solo hay que ver las reacciones que tienen los dirigentes independentistas cada vez que hay una decisión a su favor. 
 
P.- En esa estrategia de “desjudicialización”, el Gobierno ha atacado al Tribunal de Cuentas tras las multas a los líderes independentistas y mira hacia otro lado tras la creación del aval por parte de la Generalitat. Si el gobierno no recurre la creación de ese fondo de garantías y justifica el aval del ICF, ¿se está convirtiendo en un cómplice de la Generalitat? 
 
R.- Lógicamente, esto es una obviedad. Lo que pasa es que ellos pedirán informes jurídicos y si éstos avalan la posición de no denunciarlo o de no oponerse a él, pues ellos tendrán salvada su suposición legal.  

Pero, lógicamente, son cómplices. Está claro que no se puede cubrir la responsabilidad personal de un político con fondos públicos. a mí me parecen un poco lamentables todos los movimientos que se hacen para intentar justificarlo, para intentar justificar estos hechos. 

 Lógicamente, son cómplices. Está claro que no se puede cubrir la responsabilidad personal de un político con fondos públicos
 

P.- ¿Van a pedir algún tipo de comparecencia en el Congreso en relación con este asunto? 

R.- Nosotros pedimos un informe para pedir la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas en una comisión extraordinaria ahora, este mes de agosto, pero la Mesa del Congreso, con la mayoría de PSOE y Podemos, nos la ha denegado.  

Creíamos que era buueno que la propia presidenta del Tribunal explicara esta responsabilidad contable que se ha exigido y todo lo que está haciendo el Tribunal, cumpliendo estrictamente con la legalidad. 

Queríamos que pudiera defenderse en el Congreso de los ataques del Gobierno. Parecía que era lógico que era adecuado, pero nos hemos encontrado con un veto más.