Merkel pide a Rajoy que no se extralimite con el proceso catalán

El calor aprieta. Acaba julio. Y los ánimos se han encendido. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha puesto la directa para celebrar el referéndum del 1 de octubre. En el entorno europeo, la cuestión se sigue de cerca. No se ignora, según las fuentes diplomáticas consultadas. La cancillera alemana, Angela Merkel, apoya al Gobierno español que preside Mariano Rajoy, pero le pide que “no se extralimite”, que nadie en el Ejecutivo “cometa excesos”, porque, en ese caso, el apoyo que se ofrece costará de mantener.

Ese es el mensaje de Merkel, desde una premisa clasa: el proceso soberanista no tiene ningún fundamento, y debe prevalecer el orden constitucional español. Y si deben realizar manifestaciones y mensajes, los ofrecerá.

Merkel y los distintos jefes de estado y de gobierno europeos ya tienen suficiente con la difícil negociación que se ha establecido con el Reino Unido por el referéndum del brexit. Merkel busca ahora una reactivación de la Unión Europea, de la mano del presidente francés, Emmanuel Macron, que dependerá del propio presidente galo, y de su capacidad de poner en marcha las reformas que ha prometido. El conflicto entre el gobierno español y el gobierno de la Generalitat con el referéndum del 1 de octubre será también un problema europeo si las cosas se salen de madre. El problema para todos es saber qué quiere decir un exceso o una extralimitación.

La preocupación en Europa se centra en si se producen imágenes de retirada de urnas o detenciones de políticos

Esas mismas fuentes diplomáticas, que han conocido la posición de Merkel, sostienen que Rajoy defiende, precisamente, lo mismo. Aunque se han producido algunas tensiones en los últimos meses en el seno del Ejecutivo, la línea que prevalece es la de Rajoy y la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Se trata de aplicar la ley “de forma proporcional”, en función de las actuaciones del Gobierno de Puigdemont. Pero el bloque independentista está alentando, precisamente, a Rajoy para que vaya más lejos, y cometa esos “excesos” que Merkel prefiere que se eviten.

Eso estaría relacionado con imágenes de los propios Mossos d’Esquadra retirando urnas, o de policías deteniendo a responsables políticos. ¿Puede llegar esa situación?

La actuación del Gobierno de Rajoy se ajusta, hasta ahora, a esa promesa. Este jueves el Consejo de Estado, después de una petición del Ejecutivo, avaló por unanimidad el dictamen en el que considera que existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma del reglamento del Parlament, que permitirá la votación exprés de la ley del referéndum y de la llamada “desconexión”.

Merkel reclama que no se cometan excesos, para mantener todo su apoyo a Rajoy frente a Puigdemont

Ese dictamen era preceptivo, antes de que el consejo de ministros, este mismo viernes, decida si presenta ese recurso. Con ello, y de forma automática, siempre que el Constitucional lo admita a trámite, la reforma del reglamento quedaría suspendida, y obligaría al Gobierno de Puigdemont a buscar un nuevo camino para aprovar la ley del referéndum, prevista para el pleno de la cámara del 6 de septiembre.

Sin embargo, existen actuaciones judiciales que pueden o no casar con los intereses del Gobierno. Prueba de ello fueron los interrogatorios, este mismo jueves, por parte de la Guardia Civil, a responsables ligados a la organización del referéndum, como el director general de comunicación del Govern, Jaume Clotet; o a Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, que se unen al interrogatorio al secretario general de Presidencia, Joaquim Nin.

Esas actuaciones, sin embargo, no responden a las indicaciones del juez de instrucción número 13 de Barcelona, –aunque parten de ellas– que investiga los preparativos del referéndum, y que, hasta ahora, sólo mantiene como investigados al exsenador de ERC, Santi Vidal, al secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y a Carles Viver Pi-Sunyer, comisionado por la Transición Nacional de Cataluña. Esa investigación fue fruto de una querella, por parte de Vox, que se añadió a la denuncia de un particular. El juez, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga a partir de las declaraciones de Vidal, según las cuales el Govern tenía un presupuesto oculto para organizar el referéndum. En el transcurso de esa investigación, los agentes de la Guardia Civil hacen sus pesquisas con los necesarios interrogatorios. 

Si el Gobierno recurre la reforma del reglamento del Parlament, se complica la aprobación de la ley del referéndum

Las acusaciones sobre esos ‘excesos’ a ojos de dirigentes como el consejero de Presidencia, Jordi Turull, o del consejero de Justicia, Carles Mundó, han creado un clima, en el bloque independentista, enrarecido y autojustificativo de la celebración, sin contar con la ley, del referéndum.

El propio Mundó aseguró que se trataba de una decisión “arbitraria, sin garantías, donde no se sabe quién ordena los interrogatorios, y en un estado de derecho democrático es muy preocupante que eso suceda”.

Lo que intenta una y otra vez el soberanismo es crear un paralelismo entre la voluntad de votar en un referéndum y la defensa de la democracia. “Es insólito que los miembros de un gobierno puedan ser imputados o puedan ser perseguidos penalmente por un propósito tan noble como es el de hacer posible que la gente vote”, afirmó Mundó.

El consejero Mundó considera que se vive «una situación arbitraria, sin garantías»

Las diferentes interpretaciones y acusaciones cruzadas llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a informar y precisar que sólo hay, en estos momentos, una causa abierta, y que es la citada anteriormente por el juzgado número 13 de Barcelona. Es decir, tanto Clotet, como Nin, sólo tienen la condición de imputados desde la investigación policial, y será el juez quien deberá decidir si los investiga y si les cita a declarar. 

El Gobierno, en cualquier caso, se mueve en otro plano, vigilando las acciones del gobierno catalán, reaccionando a cada paso que dé Puigdemont, como prueba esa petición al Consejo de Estado, antes de recurrir la reforma del reglamento del Parlament. La idea es que difícilmente podrá llegar Puigdemont al 1 de octubre si va recurriendo todas las decisiones anteriores. El problema será si Puigdemont y todo su gobierno encuentra alternativas y se salta esas suspensiones que acabarán llegando por parte del Tribunal Constitucional.

Y es lo que preocupa también a Merkel, y a otros mandatarios europeos. El mensaje ha llegado a Rajoy, aunque el presidente es perfectamente consciente. Y, pese al abanico legal del estado, Rajoy deberá tomar decisiones si Puigdemont sigue adelante. Sin “excesos”, porque, en ese caso, nadie es capaz, tampoco Merkel, de predecir que podrá ocurrir a lo largo de las próximas semanas y justo antes o el mismo 1 de octubre.