Mas ya tiene su nuevo impuesto a los bancos para recuperar 15.000 casas vacías

El Govern que preside Artur Mas lo anunció en su día, y este martes lo ha aprobado. El Consell Executiu ha sacado adelante el impuesto sobre las viviendas vacías que tengan las entidades financieras. El impuesto pretende gravar con entre 850 euros y 1.650 euros los piscos que no estén ocupados, y la previsión del Govern es que pueda afectar a unas 15.000 viviendas que ahora están en manos de los bancos en unos 72 municipios, donde hay más demanda social.

Ha sido el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que se ha caracterizado en los últimos meses por establecer una estrecha negociación con los ministerios del Gobierno español, quien ha explicado este martes los detalles de la medida.

Sólo la intención de llevarla a cabo, según Vila, la decisión ya ha tenido efectivos positivos, porque se ha llegado a un acuerdo entre el Govern de la Generalitat con la Sareb, CatalunyaCaixa y Bankia por el cual las entidades cederán 600, 400 y 200 viviendas respectivamente en un periodo de cuatro o cinco años. El Govern prevé bonificaciones para los bancos que suscriban ese tipo de acuerdos con la administración, y por ello ya se han establecido esos primeros acuerdos.

No afectará a propietarios particulares

La intención, según el conseller, es “poner a disposición de la ciudadanía un parque de viviendas nuevo y vacío en municipios que tienen demanda contrastada».

Pero Vila ha insistido en que el impuesto “no tiene ánimo recaudatorio”, y que, en ningún caso, afectará a propietarios particulares, entidades del mundo local y del tercer sector. En todo caso, el proyecto ahora irá al Parlament para su tramitación y podría modificarse en algunos aspectos.

Ayudas para la rehabilitación

Otra de las medidas aprobadas, también vinculada al mercado inmobiliario, hace referencia al alquiler social. El Govern de Artur Mas ha puesto en marcha un plan inicial con el objetivo de introducir pisos vacíos de particulares en el mercado. La idea es que los cedan, por espacio de seis años, a la Generalitat para el alquiler social. A cambio, la administración se compromete a pagar trabajos de reforma y adecuación con un coste máximo de 12.000 euros.

Se trata de un incentivo para aquellos propietarios que no desean perder sus viviendas, pero que tampoco pueden pagar el coste de las obras para adecuarlas e introducirlas en el mercado. El Govern destinará, en un plan piloto, a la espera de ver cómo funciona, un total de 2,5 millones de euros.