Mas se arroga la investigación de las escuchas tras afectar a CDC y Felip Puig

La trama de espionaje que habría protagonizado en los últimos años la empresa Método 3 ha enrarecido toda la política catalana. Pero afecta especialmente al President Artur Mas, y a su agenda política, centrada en el proyecto soberanista y en el referéndum que desea convocar en 2014. Con la investigación judicial ya en marcha, y con la detención de hasta cuatro personas, todas ellas miembros de Método 3, incluido su director, Francisco Marco, Mas trata de controlar las pesquisas. Y ha reaccionado tras verse implicado su propio partido, Convergència Democràtica, que, supuestamente, habría investigado al ahora conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, exconseller de Interior. En juego está toda su apuesta política.

El Govern ha constituido un gabinete de crisis particular sobre el asunto, formado por los departamentos de Presidència, Interior y Justícia, con los consellers Francesc Homs, Ramon Espadaler y Germà Gordó –responsable, supuestamente, del encargo de la investigación a Felip Puig, junto con Xavier Martorell. Éste último es ahora el director de Prisiones de la Generalitat. En el anterior mandato fue director general de análisis y prospectiva, adscrito a Presidencia, también en aquel momento bajo la responsabilidad de Gordó, que ejercía de secretario del Govern.

En manos de Interior

Este equipo tiene ahora el mandato de sistematizar la información disponible y definir y coordinar las posibles actuaciones operativas, judiciales o políticas sobre el asunto de las escuchas.

Ese celo por conocer cómo actuaba esta supuesta trama de espionaje, y a quién realmente pudo afectar, se traduce también en la petición de que se deje investigar a los Mossos d’Esquadra.

Las cosas, para el President Mas, han cambiado mucho desde que trascendió, el pasado sábado, que dirigentes convergentes podían haber espiado a Felip Puig. El detonante por el que se han conocido las actuaciones de Método 3 fue la grabación de las conversaciones, en el transcurso de un almuerzo, entre la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola y la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

La decisión de Sánchez-Camacho

Fue la dirigente popular la que denunció, ante la Policía, las grabaciones, por lo que el caso lo ha protagonizado por completo el Ministerio de Interior. Pero para poder implicar a los Mossos era necesario presentar una denuncia. Y este martes lo hizo la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Governació, Joana Ortega. Ella fue, también, objeto de la trama de espionaje, pero, según diversas fuentes, ya conoció los detalles del informe, por lo que la denuncia de este martes sólo buscaría permitir a los Mossos acceder al caso.

La cuestión es que Mas, que sigue dispuesto a seguir su camino político, pese a todas las adversidades, no podrá conocer de primera mano que és lo que está sucediendo. Y, a pesar de los intentos del conseller Espadaler, que se ha puesto en contacto con el ministro Jorge Fernández Días, el caso es de la Policía Nacional.

Grietas en CDC

Las grietas políticas en el seno de Convergència, por tanto, pueden comenzar a ser notables. Porque, aunque oficialmente, se reste importancia a la posible trama, ya se ha creado un clima muy perjudicial para los intereses del President Mas. Este viernes, sin embargo, intentará ofrecerse él mismo una salida. Se reúne, de nuevo, con los responsables de los organismos de control de la Generalitat y los responsables del poder judicial en Catalunya. De esa reunión, ahora sí, surgirá un documento que se presentará en el Parlament con medidas concretas para atajar la corrupción.

Diversas fuentes aseguran que los ánimos han comenzado a decaer en el seno del Govern. Primera, porque la situación económica es “insostenible”, y se depende por completo del Gobierno central. Y, en segundo lugar, por el clima irrespirable que han creado los continuos casos de corrupción, con el asunto de las escuchas en primer plano. Porque, ¿puede pasar por delante, sin que deje ningún rastro?

Transparencia

El conseller de Presidència, Francesc Homs, aseguró este martes que no se puede decir que Catalunya se haya convertido en lugar de espionaje generalizado. E insistió en que los Mossos deberían poder colaborar en la investigación. Homs también insinuó que todo lo que ocurre no es casual, y que se debe al escenario político que vive Catalunya, marcado por el proceso soberanista. Para disipar cualquier duda, el conseller exigió “transparencia”.

Precisamente, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, reclamó la comparecencia del director del CNI en la comisión de investigación del Congreso, Felix Sanz, que ha accedido a ello, asegurando, antes de convocarse, que no tiene nada que ver con esa trama de espionaje.

El PSC pide una Junta de Seguridad

El otro gran partido implicado, el PSC, tras verse salpicado por las escuchas el ex secretario de organización, José Zaragoza, ha pasado ahora a la ofensiva. El portavoz parlamentario de los socialistas catalanes, Maurici Lucena, ha reclamado que se convoque una reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya “para afrontar y dar respuesta” a la trama de espionaje. La Junta reúne a todos los cuerpos de seguridad que operan en Catalunya, y no se convoca desde abril de 2009. Según Lucena, y recogiendo una aseveración de Pere Navarro, “cualquier cargo público, si se demuestra su participación activa en el espionaje, no tiene cabida en la actividad política”.

Dos fiscales

Las investigaciones siguieron este martes su curso. Los juzgados de Barcelona admitieron a trámite dos demandas presentadas por Alícia Sánchez Camacho. La magistrada no ha prohibido la difusión de las grabaciones que la líder popular mantuvo con la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola. Este aspecto se valorará en la vista de medidas cautelares que se llevará a cabo en los próximos días.

Y la Fiscalía Provincial de Barcelona ha desginado a los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo para las investigaciones. El Ministerio Público ha considerado que son personas «especializadas en la materia y con experiencia acreditada en este tipo de procedimientos». Sánchez Ulled es el fiscal encargado de llevar la investigación del caso Palau. Por su parte, Bermejo lleva en la actualidad la instrucción del caso Mercurio.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) registraron la sede de Método 3 en la avenida Diagonal de Barcelona y en la calle Concepción Bahamonde en Madrid. La policía también efectuó registros en los domicilios de los cuatro detectives privados detenidos en la capital catalana y la localidad cercana de Gavà. Fuentes policiales indican que los acusados pasaron la noche del martes al miércoles en las dependencias policiales y este miércoles pasarán a disposición judicial.