Mas, obsesionado en defender a Oriol Pujol

La Justicia tiene su propio ritmo. La política el suyo. Y los medios de comunicación se mueven al instante, cada vez con mayor celeridad. La valoración de cada uno de esos ritmos es discutible y puede ser analizado. Pero es una realidad innegable. Y el President Artur Mas, cartesiano y un hombre de orden, no quiere confundir las cosas. Por ello, y forzado por la necesidad de proteger al secretario general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, ha propuesto que los cargos públicos imputados no cesen en sus responsabilidades hasta que no se inicie el juicio oral.

Esa fue una de las conclusiones que ha recogido en un documento con 50 puntos, todos ellos destinados a la regeneración democrática y a combatir la corrupción. Tras la segunda cumbre con agentes de control, judiciales y legislativos, Mas recogió todas las ideas de los distintos responsables y elaboró una batería de medidas que presentará la próxima semana en el Parlament.

Indicios de delito

El President insistió en que un imputado no debe dejar el cargo cuando es acusado. Porque esa figura lo único que implica es que tiene derecho a una defensa, después de una acusación en la que se ven indicios de delito. Y defiende que sólo den el paso de la retirada “cuando el juez cree que los indicios son pruebas” y acaba confirmando que habrá juicio.

Pero esa apreciación es arriesgada. Un cargo público puede abandonar su responsabilidad de forma injusta, sí, pero también hay condicionantes éticos y morales. Y, en el caso de Oriol Pujol, lo conocido hasta ahora en una parte del sumario le complica de forma notable su actual situación política. La imagen política trasciende a la situación judicial de cada uno. Pero Mas no ha tenido en cuenta esas consideraciones.

Rehabilitado si se demuestra su inocencia

La idea central de su propuesta, que debatirán los partidos políticos para crear una especie de código de actuación sobre la figura del imputado, es que el cargo sea “restituido y rehabilitado” si se demuestra, finalmente, su inocencia en el juicio.

Pero hay casos para aplicar esa propuesta de Mas. ¿Qué decisión se toma con los acusados del caso Pallerols, cuando el posible juicio se iba a celebrar 14 años después de los hechos? ¿O cuando, de hecho, se llegó a un acuerdo, sin que se celebrara el juicio oral? ¿O qué decisión se toma con un responsable como Ramon Bonastre, ahora director general de Relaciones Laborales con el conseller Felip Puig, condenado por la Audiencia Provincial de Tarragona como autor de un delito de “malversación de caudales públicos”, indultado después por el Gobierno del PP? ¿La situación en la que queden esos responsables judicialmente les avala después para seguir en la política?

La juez y la imputación de Oriol Pujol

La propuesta de Mas llegó este viernes, justo el día en el que la juez ha enviado un escrito al TSJC para que decida la imputación de Oriol Pujol por el caso ITV. Para el President hay que esperar a que se tome esa decisión, y, en todo caso, “ahora hay una petición, pero una petición no es un pronunciamiento”. Mas recordó, no obstante, que el propio Oriol Pujol aseguró que tomaría una decisión y realizaría “un paso atrás”.

Esa circunstancia, sin embargo, preocupa mucho en el entorno del President. La imputación de Oriol Pujol significará un conjunto de cambios en el grupo parlamentario de CiU y en la dirección orgánica de Convergència.

Código de conducta para grupos de presión

Mas ofreció, en todo caso, un documento que presentará en el Parlament con el objetivo de liderar una agenda de regeneración democrática que le permita mantener la gran operación de la legislatura: el plan soberanista y el referéndum de autodeterminación en 2014.

El documento se divide en seis ámbitos. Se plantea facilitar el acceso de la ciudadanía a toda la información pública, a través de una web. También se apuesta por dar publicidad a todas las retribuciones públicas y de cargos electos; la creación de un registro público y de un código de conducta para los grupos de presión.

Y Mas ha defendido también convertir en delito penal el enriquecimiento patrimonial injustificado y aumentar de cinco a diez años el periodo de prescripción de estos delitos.