Más de 2.500 magistrados reclaman sanciones a España por atacar la independencia judicial
Piden que si España no rectifica en las últimas reformas que afectan al CGPJ, la UE aplique el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial./ EFE
Más de 2500 jueces que pertenecen a las tres asociaciones Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han denunciado este lunes lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho por las últimas reformas legislativas que, consideran, afectan a la independencia judicial.
Según ha avanzado la agencia Europa Press, la carta que las tres asociaciones han remitido a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo, Didier Reynders, sugiere la posibilidad de que se inicie el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), por el que se puede sancionar a un Estado miembro por no respetar «el Impero de la Ley» o «los Derechos Humanos».
Los jueces denuncian un «desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «colonización por los partidos políticos» y condicionamiento de «su independencia e imparcialidad», debido a la reforma llevada a cabo por el Gobierno que impide que se hagan nombramientos estando este órgano judicial en funciones.
«Las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial», argumentan los jueces.
En este sentido piden que España rectifique y «en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada», se aplique el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), por el que la UE podría sancionar a España.
Los jueces relatan que, a su juicio, hay una intencionalidad de limitar al CGPJ «y que tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función mas importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado».
«En suma, reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial», sentencian los magistrados.
No obstante, los jueces observan que, desde hace años, los partidos políticos se han repartido «los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos». Señalan también que esta práctica siempre se había hecho de forma velada y discreta, pero que ahora «se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa».
