Mas-Colell reclama a Montoro 900 millones por el aumento de la recaudación
El conseller de Economia asegura que Cataluña está "financiando al Estado" y que necesita ya esos recursos
El Govern necesita dinero. Y el Estado lo recauda. En un periodo en el que el Ministerio de Hacienda ha comenzado a recoger los frutos de una mejor evolución de la economía española, el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell reclama 900 millones de euros para la Generalitat.
La idea es que esa mejora de la recaudación debería repercutir en las comunidades autónomas, que han realizado una mayor esfuerzo que la administración central en la reducción del déficit.
Mas-Colell ha admitido, en una entrevista en TV3, que la recaudación se liquida a dos años vista, «pero son ingresos que nosotros necesitamos ahora, porque estamos financiando al Estado en 900 millones de euros».
En contra de la «gesticulación» del Gobierno central
Con los presupuestos de 2015 ya aprobados, pero con una diferencia entre gastos e ingresos de 2.500 millones para poder equilibrarlos, Mas-Colell ha mostrado su contrariedad por la actitud del Gobierno. «Después el Estado gesticula, cuando nos ofrece los ingresos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero es igual, que gesticulen», ha afirmado, en una alusión a la ‘venta’ de esos recursos que realiza el Ministerio de Hacienda.
Lo que el Govern pretende trasladar es que esos recursos, previamente, se han recaudado también en Cataluña, pero se los queda el Gobierno central.
A eso se agarrará el Govern de Artur Mas, consciente de que no puede equilibrar las cuentas si no llegan más ingresos del Estado. El conseller de Economía ha reiterado que no recortará la partida de gastos, porque, «fundamentalmente es gasto social».
Una estrategia para culpar a las autonomías
La salida debe llegar, a juicio del Ejecutivo catalán, por un nuevo reparto de los objetivos de déficit. Mas-Colell pedirá formalmente a Montoro que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reabrir el debate.
A juicio de Mas-Colell, el Gobierno tiene un propósito. «Se aplica una política que pretende presionar más a las autonomías que al gobierno central, y de forma deliberada se busca un resultado que permita decir que las autonomías no cumplen, con lo que no es un problema contable, sino un problema de carga política profunda», ha remachado.