Mas, atrapado entre Montoro y Junqueras: no hay presupuesto para 2013

El Govern de Catalunya nunca ha puesto tanta atención en Bruselas. Y no por la comprensión que pueda tener la Comisión Europea sobre el proceso soberanista, sino por la decisión que pueda tomar sobre la flexibilización del déficit exigido para el conjunto de las administraciones públicas de España. Bruselas fijó un 4,5%, y de este porcentaje, las comunidades autonómas no podrán superar el 0,7%.

Pero con esa cifra, el Ejecutivo de Artur Mas se niega a aprobar las cuentas de 2013. El socio de Mas, Esquerra Republicana, exige que se olvide de ese límite. Y el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, prepara los presupuestos a partir de diferentes escenarios, aunque se ha fijado un déficit del 1,7%, con la esperanza, fundada, según diversas fuentes, de que España tendrá más margen, y de que el Gobierno central permitirá a las autonomías trasladar la diferencia.

Aplicar la Ley de Estabilidad

Esta sería una situación ideal, dentro de las enormes dificultades del Gobierno catalán. Lo cierto es que el President Artur Mas se encuentra atrapado por dos exigencias que no son compatibles. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha dejado claro que el Gobierno aplicará la Ley de Estabilidad presupuestaria a las cinco comunidades, entre ellas Catalunya, que han incumplido el objetivo de déficit de 2012. La Generalitat ha cerrado el ejercicio al borde del 2%, y el objetivo era del 1,5%.

Montoro ha asegurado este miércoles que se hará una “revisión de los planes de ajuste para ver dónde está la causa de la desviación”. Para el Gobierno de Mas la situación es insostenible y se niega a acometer más recortes. Y es que cumplir con el 0,7% en 2013 implicaría un ajuste de cerca de 4.000 millones, el mismo esfuerzo que el realizado en los dos últimos años.

Junqueras, socio y jefe de la oposición

Es Esquerra Republicana, además, quien no está dispuesta a soportar ese gran desgaste. Y en su extraño doble papel, de socio del Gobierno, y jefe de la oposición, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sólo propone que CiU siga cargando contra el Gobierno central, e incumpla los objetivos de déficit. ¿Conclusión? Todavía no hay presupuesto, aunque la previsión es que se presenten las cuentas en el Parlament después de la Semana Santa, a comienzos de abril.

El PSC, un posible socio si las cosas acaban mal a partir del próximo año, insiste en la actual dependencia de Mas de Esquerra Republicana. Ello se demuestra, como apunta el portavoz parlamentario socialista, Maurici Lucena, en la agenda política, marcada por el deseo de Esquerra de considerar como prioritario la celebración de la consulta soberanista.

¿Quién votó la Ley de Estabilidad?

Otra diputada socialista, Rocío Martínez, incide en esa cuestión, al recordar que el conseller Mas-Colell presentó el presupuesto de 2011 con un déficit del 2,66%, cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo marcaba en el 1,3%. Entonces, el conseller, entiende Martínez, presentó el presupuesto porque el pacto de CiU con el PP le daba un margen que ahora no tiene con ERC. Y el caso es que Mas todavía no tiene las cuentas preparadas para este año.

Pero hay otro factor. Y aquí aparece de nuevo Montoro. CiU pactó la Ley de Estabilidad presupuestaria con el PP, que permitía lo que ahora Montoro exhibe: la intervención, en la práctica, de una comunidad por parte del Gobierno central.

Verdugo y víctima

Es decir, Mas es víctima ahora de lo que votó y exhibió como un gran logro. Esquerra pretende que CiU se desdiga de aquella ley, o que modifique la ley catalana de estabilidad presupuestaria, que, como si se tratara de una lección del mejor alumno de la clase, adelantó en dos años el déficit cero para 2018, cuando la del Gobierno central lo fijó en el 2020. Aquella ley la votó CiU con el PP.

Ahora todo ha cambiado, y CiU busca que se flexibilice el déficit, y ha reorientado su política fiscal tradicional de reducción de impuestos por otra que busca nuevas tasas en productos como las bebidas refrescantes, una medida que ha provocado un serio toque de atención por parte de la embajada de Estados Unidos, que vela por los intereses de Coca-Cola.

Pero, como indicó un diputado de CiU en el Parlament la pasada semana, Antoni Fernández Teixidó, provocado por el diputado de Ciutadans, Jordi Cañas, «¡E pur si muove!»