Más allá del grito: las remotas opciones del Gobierno para sortear un revés del TC

La semana que viene puede producirse en el escenario político jurídico un acontecimiento histórico. La reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el Gobierno puede sentar un precedente: que, por primera vez, el Tribunal Constitucional frene de forma cautelarísima -es decir, de manera inmediata- la aprobación de dos de enmiendas: las relacionadas con la Ley Orgánica de este órgano- la que pretende suprimir la mayoría de tres quintos para su renovación– y la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si esto ocurre, el Ejecutivo lo tendrá muy difícil, prácticamente imposible, para sortear este revés.

Son muchas las dudas al respecto, incluso dentro del mundo judicial. El contexto es el siguiente: este jueves de forma paralela se han celebrado dos plenos; por un lado, el extraordinario del TC para decidir si admitía el recurso del PP en el que los de Alberto Nuñez Feijóo solicitaban frenar la tramitación parlamentaria del Código Penal; por el otro, en la Cámara Baja los diputados votaban si estaban a favor o en contra de esta reforma.

La cuestión es que todo el artículo presentado aborda la reforma y la sustitución de normas penales, entre ellas la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. En este contexto el Gobierno no puede incluir una enmienda a una Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o a la ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Esta es la tesis que ha defendido este jueves en los pasillos del Congreso la portavoz del PP en el hemiciclo, Cuca Gamarra, y que abalan los expertos consultados.

Otra de las cuestiones que han generado dudas es si estas dos enmiendas camufladas suponen una vulneración a la constitucionalidad. Los juristas consultados por ED alegan que existe «una jurisprudencia clarísima del Constitucional que dice que cualquier ley o la fase de enmienda a cualquier ley no se puede usar para introducir enmiendas a otras leyes que no tienen ninguna conexión ni tienen absolutamente nada que ver».

Qué leyes podrán someterse a debate

Tras el revuelo durante las primeras horas de la mañana, a mediodía el TC decidió aplazar su decisión al lunes. Por lo tanto, la votación transcurrió sin incidentes aparentes –pero no sin gritos y acusaciones de golpe de Estado por parte del diputado que preside la Comisión de Justicia del Congreso, Felipe Sicilia- en el hemiciclo. El artículo quedó aprobado el Pleno del Congreso.

«El Senado tramitará esta reforma sin estas dos enmiendas y el Gobierno tendrá que buscar, si quiere, otra vía»

El foco entonces estará puesto en el jueves, que es cuando esta reforma llegará al Senado. Entonces, en el caso de que el sector conservador del TC, que tiene mayoría, se imponga, quedarán fuera de la tramitación las dos enmiendas mencionadas, la 61 y 62. Pero el resto de las leyes podrán votarse igualmente, según explican fuentes jurídicas a Economía Digital. «El Senado tramitará esta reforma sin estas dos enmiendas y el Gobierno tendrá que buscar, si quiere, otra vía», añaden estas mismas fuentes.

Del recurso de súplica al procedimiento de lectura única

Esta vía sería presentar ante el propio Tribunal Constitucional un recurso de súplica. Se trata de un recurso que se presenta ante el mismo órgano que dictó la resolución judicial con la finalidad por el recurrente que sea reformada la resolución recurrida. De ser aceptado supondría el cambio de opinión total del órgano. Es decir, algo improbable. Los expertos lo tienen claro: «El Gobierno lo tiene muy difícil», aseguran. Y es que solo se admite este tipo de recurso cuando existe un error, por ejemplo, en una cuestión numérica. «Sería una contradicción aceptarlo», agregan voces jurídicas.

«El Gobierno lo tiene muy difícil»

Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía tendría una opción más: el procedimiento de lectura única. Consiste en tramitar este proyecto de forma simple en el Pleno de la Cámara que corresponda, bien Congreso o bien Senado, a propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces. Se trataría de aprobar la reforma del Código Penal de manera rápida y abreviada.

«En este caso presenta un texto directamente al pleno, se hace una lectura y ahí se vota», explican a este periódico expertos en la materia. Sería seguir el mismo procedimiento por el que se aprobó la Ley Orgánica de Educación, más conocida como la Ley Celáa.

En cualquier caso, los juristas consultados consideran que tanto PSOE como PP «están dejando en evidencia el Parlamento español. «La obligación de renovar los magistrados del TC y de renovar los vocales del poder judicial, esto le corresponde al congreso y el senado y hace cuatro años que no se han puesto de acuerdo», concluyen.