Mas alega ante el TC que impedir la consulta puede provocar “perjuicios irreversibles”

El Govern catalán que preside Artur Mas jugará fuerte hasta el último minuto. La afirmación de Mas de que hará todo lo que esté en su mano para poder votar el 9 de noviembre se ha plasmado en las alegaciones ante el Tribunal Constitucional, que, con diferentes argumentos jurídicos, aseguran que impedir la consulta podría provocar un gran perjuicio para la sociedad catalana.

“El mantenimiento de la suspensión haría discurrir el funcionamiento de nuestras instituciones en sentido contrario a la mejora de la democracia”, se asegura. “Y esos perjuicios si tendrían carácter irreversible y no reparable por el propio transcurso del tiempo, y de la premura con la que la ciudadanía reclama manifestar su opinión a través de una consulta institucionalizada”, añade el texto, de 30 folios.

Actualizar la interpretación de la Constitución

En los argumentos jurídicos del Govern se incluyen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Macedonia, así como la propia sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista que aprobó el Parlament, las consultas que se convocan en otros países europeos, y las encuestas del CIS.

También se constata que en Cataluña se han producido diversas manifestaciones en los últimos años en las que se reclama poder votar en una consulta.

Los abogados de la Generalitat exponen en las alegaciones que “35 años después de aprobada la Constitución, sus preceptos ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo que en el momento original”. Y que, ahora, se trataría de actualizarla ofreciendo una respuesta para “encauzar la expresión de grupos sociales significativos”, o aquellas “aspiraciones que no se sienten representadas en las instituciones”. Es decir, los argumentos se basan en la idea de una democracia avanzada, que permite las consultas a sus ciudadanos.

Sin embargo, el razonamiento en todo momento del Gobierno español es que no puede aprobar que una “parte del todo”, Cataluña, respecto a España, decida su futuro al margen del “demos español”, que incluye a Cataluña.

Evitar el extremismo político

El Govern insiste en sus alegaciones que “resulta manifiestamente inconstitucional que desde instancias estatales se siga negando todavía hoy la posibilidad de celebrar consultas de ámbito autonómico”, dejando claro que se trata de consultas “jurídicamente no vinculantes”. El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende que esa consulta es, en realidad, un referéndum, y recuerda que la diferencia no es que sea o no vinculante, porque los referéndums no son vinculantes.

La advertencia del Govern de Artur Mas es que rechazar la consulta puede comportar más perjuicios para el conjunto que supuestos beneficios para España. “Si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, tal como demandan tantos ciudadanos de Cataluña, es difícil prever las consecuencias”, se asegura, y se sitúa como asidero una resolución del Consejo de Europa de 2003 en el que la que se alerta que si los ciudadanos ven privado su derecho a participar en la toma de decisiones políticas “se tiende a alimentar el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia”.

Con estas alegaciones, el Govern pretende que el TC levante de inmediato la suspensión del 9N y se pueda votar.