Mas admite ahora que deberá pedir una reforma de la Constitución

Sobre el papel nada cambia. El Govern mantiene su idea de celebrar una consulta el 9 de noviembre. Tiene a su favor un movimiento independentista en estado de agitación permanente, con la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como la vanguardia de la sociedad catalana. Pero hay señales, matices, y hechos que indican un cambio de rumbo.

Esos matices se expresan en breves encuentros, como el de este martes entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el conseller de Presidència, Francesc Homs, aprovechando una exposición sobre los 75 años de la Agencia Efe, en el Palau Robert. Los dos mandatarios conversaron durante un breve encuentro, buscando posibles salidas,

El Govern que preside Artur Mas considera, después de descalificar a los miembros del Tribunal Constitucional, que la sentencia dictada sobre la consulta soberanista ampara el derecho a decidir, y que es posible la consulta. El tono ahora ya es diferente. El TC, se considera, puede servir. ¿Pero, cómo? A través de los cauces legales, a través de una reforma de la Constitución. Es como volver a empezar.

El acuerdo que alcanzó el President Mas con Esquerra Republicana pasaba por convocar un referéndum de autodeterminación. Se incluyó, finalmente, una pregunta adicional, sobre la preferencia por un estado, no necesariamente independiente, para poder incluir a los federalistas de ICV-EUiA. Y ahora, el Govern defiende una consulta, sólo una consulta, como si fuera un macro sondeo sobre lo que piensan los catalanes. ¿Esquerra seguirá al President Mas en esa senda?

Consulta no vinculante

El Govern, representado por su conseller de Presidència, Francesc Homs, considera que el fallo del Constitucional avala la consulta siempre que no se considere el derecho a decidir como un derecho a la autodeterminación. El Ejecutivo de Mas defiende esa tesis a raíz de un informe jurídico encargado al Instituto de Estudios Autonómicos y a los servicios jurídicos del Govern y del Parlament, que valida el referéndum si se entiende como un paso previo a la reforma de la Constitución.

El informe señala que “se puede incluir, sin duda, cualquier referéndum o consulta dirigida a conocer la voluntad de los ciudadanos sobre el futuro político de Catalunya siempre que no se configure como un referéndum de autodeterminación”, y siempre que “el resultado no vincule jurídicamente los poderes públicos y su implementación sea mediante un proceso de reforma de la Constitución en el cual el Estado, como titular del poder de reforma constitucional, no pierda la libertad de decisión”.

Forzar la negociación

De ello, el Govern infiere que puede convocar la consulta, aunque la sentencia del Constitucional, y el propio informe jurídico de la Generalitat constata que se deberá reformar la Constitución. A ello se aviene el Ejecutivo de Mas, aunque, para forzar la negociación política, entiende que se podría permitir una consulta, no vinculante, y, en paralelo, buscar la reforma de la Carta Magna.

No esa la interpretación de los juristas. El constitucionalista Francesc de Carreras argumenta que la sentencia posibilita “un cauce”, a través de la Constitución, que pasa por su reforma. Esa es la tesis que desde el inicio de este asunto ha defendido el PSC, y el PSOE. Lo asegura también el profesor de Derecho de la UAB, Rafael Arenas. “La sentencia del TC deja claro que no se pide una ‘democracia militante’, y que la Constitución se puede reformar, pero siempre dentro de la propia legalidad constitucional”.

Debate en el Congreso

Mas, por tanto, busca ganar tiempo. Y tener algunos argumentos jurídicos, a partir de la propia sentencia del TC, para que los diputados catalanes intenten utilizarlos políticamente el próximo 8 de abril en el Congreso, cuando se debate el derecho a decidir. Pero ya admite que sólo se puede acometer el objetivo de convocar una consulta si se pide a través de una reforma de la Constitución.

Homs sigue viendo las cosas a su manera. E interpreta que si se convocara una consulta, y si los favorables a la independencia tuvieran mayoría, “eso tendría una legitimidad democrática que sitúa las cosas en un punto de no retorno”. Y, por ello, a su juicio, el Gobierno español rechaza ceder la competencia para poder realizarla.

Principios democráticos

Pero Carreras ha insistido en el propio texto de la sentencia del Constitucional, que señala: “El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, lo derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”.